El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, lamentó ayer el “nuevo varapalo” para Andalucía y su comarca que supone la decisión de que siga adelante el proceso judicial contra la apertura de la mina, que “pone en juego más de 2.000 puestos de trabajo”.

El martes, la Fiscalía volvió a solicitar al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que archive la investigación sobre la adjudicación de la mina, en 2015, como ya ha hecho en varias ocasiones, al no apreciar indicios de delito en el concurso que concedió la explotación al grupo Minorbis-México. Sin embargo, el Juzgado ha procesado a nueve personas, entre ellas dos ex altos cargos de la Junta y los dueños del grupo Magtel.

Fernández lamenta que “el caso de la adjudicación de la mina vuelve a ser noticia rompiendo las ilusiones puestas en la reapertura de esta mina por muchos miles de trabajadores y cientos de empresas de la comarca y provincia”.

Tras reunirse con el comité de empresa de Minera los Frailes, acordaron que la Alcaldía inicie una ronda de entrevistas con el Gobierno y los grupos del arco parlamentario andaluz para pedir que se pongan todos los mecanismos o medios para que este caso “deje de ser una pesadilla premeditada por algunos”.

Para el alcalde de Aznalcóllar, hay personas “que solo buscan que la mina se trunque”, agregó. “Están en juego más de 2.000 empleos directos, una inversión de 450 millones y 25 años de trabajo estable y de calidad, y no vamos a quedarnos callados ni un segundo mas”.

Este mensaje, casi de impotencia del regidor que, como sus vecinos, lleva seis años esperando la puesta en marcha del proyecto se produce después de un nuevo auto del 8 de febrero del citado juzgado, con el que se han transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación contra Vicente Fernández, secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la época del concurso y expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI); María José Asensio, ex directora general de Minas, y los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de Magtel.

También han sido procesados un ex jefe de Minas, un ex secretario general de Medio Ambiente en Sevilla, un ex jefe de Contratación Administrativa, un interventor de la Consejería de Hacienda y una letrada de la Consejería de Innovación, ya que formaban la Mesa de Contratación que concedió la explotación a Minorbis-México el 25 de febrero de 2015.

El auto admite recursos de reforma o apelación y en el mismo, la juez traslada su decisión a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento, postura esta última que el Ministerio Público ha mantenido varias veces, la última el 30 de diciembre.

La magistrada ya archivó la causa en dos ocasiones, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, al no advertir indicios de prevaricación y considerar que “los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas”.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, sin embargo, dictó sendas resoluciones en las que estimó los recursos de los denunciantes, la otra empresa que pujó y no obtuvo la adjudicación, y ordenó reabrir la causa al apreciar “sólidos indicios” de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la adjudicación.

Después de interrogar de nuevo a 16 investigados, la jueza dictó otro auto en junio de 2020 en el que descartó la existencia de indicios de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y tráfico de influencias, respaldada esta vez por Audiencia.

La jueza se ciñe en el auto de procesamiento a lo que señaló la Audiencia, que aprecia la prevaricación en “la connivencia desde el comienzo del concurso” entre los responsables de la Junta y los hermanos López Magdaleno, “quienes prevaleciéndose de su relación personal” con el secretario de Innovación “presuntamente impulsaron y favorecieron la confusión en la identidad de los licitadores (Minorbis o Minorbis-Grupo México)”.