La defensa de Basilio Carrión, alcalde socialista de Casariche y presidente del Consorcio Estepa-Sierra Sur entre 2014 y 2019, ha vuelto a exigir el sobreseimiento y archivo de las diligencias que se siguen contra el edil después de que un informe caligráfico encargado por el juzgado sobre varios documentos haya concluido que su firma pudo ser falsificada en un certificado de 2015, incluido en la pieza separada, y que el Ministerio Fiscal considera elemento esencial para demostrar una supuesta participación de Carrión en la trama. Con ese informe, su abogado ha vuelto a pedir que se le deje fuera del caso, como ya solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Estepa el pasado mes de marzo.

Se trata de la rúbrica de Carrión que consta en un certificado de relaciones contractuales, fechado en diciembre de 2015, en el que se expone que Magno Ambiental del Levante -la empresa controlada por el secretario del Consorcio, José Antonio Mañas, y el jefe de planta, Manuel Ibáñez- tiene "concertados" con el Consorcio diversos servicios, entre ellos el transporte de residuos, que "se van a seguir prestando en el futuro y para los que cuenta con medios y vehículos apropiados". De dicho documento puede deducirse que hubo pagos a la empresa desde 2014, antes de los contratos firmados en 2016 y 2018, y que se hizo sin previo procedimiento administrativo de adjudicación. Además, no consta que Magno tuviera vehículos hasta diciembre de 2016.

Pero el análisis de una perito calígrafo de la empresa Taxo con fecha del 15 de abril y aportado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa concluye que hay diferencias entre la firma de Carrión y la que consta en el documento, por lo que entiende que Carrión no es el autor de la misma.   

La perito también cuestiona la autenticidad de la rúbrica de Carrión que aparece en el contrato de alquiler que se firmó en 2016 entre el Consorcio y Magno.

Y, aunque aprecia "significativas divergencias" con las firmas de otros dos documentos analizados, entre ellos el contrato de arrendamiento de 2018, "no es posible emitir un dictamen categórico de dispar autoría".

En cualquier caso, el abogado del alcalde de Casariche, Carlos Carmona, esgrime esas conclusiones en un nuevo escrito, del 20 de abril, para pedir el sobreseimiento. El certificado es además un documento que fue incorporado a la pieza separada 89.06/2020, abierta tras la segunda ronda de registros y detenciones, y sobre el que el fiscal preguntó expresamente al edil en su segunda declaración ante el juez.

El abogado de Carrión señala la "indefensión" que se ha producido, porque no se les permitió la personación en esa pieza, al no tener el alcalde de Casariche vinculación aparente con los hechos. Pero sí se le preguntó por el documento que no habían podido examinar de forma previa y que se esgrimió en su contra.

La defensa insiste en que el edil ha colaborado con la justicia, que no ha negado que firmara contratos con Magno como proveedor de servicios en 2016 y 2018 porque estimó que eran necesarios, como otros miles de documentos por indicación del secretario-interventor y que entendía que habían seguido los procedimientos oportunos. Pero reitera que en los atestados policiales no constan "relaciones directas" entre los principales implicados y el regidor, a lo que se suma ahora esta prueba pericial caligráfica como documento clave. En el escrito, el abogado también insiste en el "linchamiento público y moral" al que está siendo sometido el regidor y la necesidad de que cese cuanto antes.