El abogado de Basilio Carrión, alcalde socialista de Casariche y que presidió el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur de 2014 a 2019, ha solicitado al juzgado número 2 de Estepa –que instruye la causa por el desvío de fondos con contratos irregulares a la empresa Magno Ambiental del Levante, del secretario y el jefe de planta– el sobreseimiento y archivo de las diligencias contra el edil por las que ya ha declarado dos veces como investigado, en las que ha insistido en que no se enteró de anomalías, pese a que fue durante su mandato cuando se firmaron los dos contratos fraudulentos localizados, en 2016 y 2018.

En el escrito presentado una vez que ha concluido la primera ronda de declaraciones de todos los incluidos en la causa, su defensa argumenta que en los atestados policiales no hay “ningún indicio de relaciones directas” entre Carrión y el resto de investigados y niega que se haya “lucrado”, adjuntando su declaración de bienes como cargo público, aunque sí percibió una importante asignación como presidente aprobada en asamblea.

Por otro lado, insiste en que Carrión no puede valorar las conductas de otros investigados ni “formular juicios de valor jurídico”, porque es fisioterapeuta de profesión y simultaneó además la Presidencia del Consorcio con la Alcaldía.

Igualmente, su abogado, Carlos Carmona, aduce para el sobreseimiento que todos los acuerdos y resoluciones que adoptó como presidente fueron “asistidos” por la Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio, desempeñadas por funcionarios con habilitación de carácter nacional, en este caso, el secretario José Antonio Mañas, que la policía considera cabecilla de la trama.

“Con el mismo modus operandi” que esos dos contratos con Magno, “como proveedor de servicios”, insiste el abogado, firmó hasta 1.653 actos, sin que “en ningún momento” tuviera “conocimiento directo, ni por parte del Consejo Rector ni de la Asamblea General del Consorcio” de que se produjeran “incidencias en la prestación de los servicios”.

Tampoco recibió advertencias de la Comisión Especial de Cuentas. A la vez, destaca que ha colaborado con la Justicia.

En el escrito se cita, por otro lado, jurisprudencia para recordar que “no toda infracción administrativa, no toda irregularidad en la tramitación de un expediente, no toda omisión de un trámite legalmente exigido, puede ser calificada como constitutivo de un delito de prevaricación”, por el que se investiga a Carrión, entre otros.

La justicia contra la "posverdad"

No obstante, lo más llamativo de la petición de sobreseimiento de la causa contra el edil es que se argumente también como un motivo para dejarle fuera del caso el “linchamiento moral” al que, según considera, ha sido sometido el político por “algunos medios de comunicación”, al situarle como “cabecilla de una trama de corrupción criminal”, relacionando este caso con el concepto de posverdad: “Las afirmaciones ambiguas que contienen un ápice de autenticidad, pero que quedan muy alejadas de la verdad, se han convertido en moneda corriente de los políticos, reporteros, ejecutivos y otras personas influyentes”, defiende.

En el último informe de la Udef se da a Carrión un papel, dentro de un nivel político, en la citada trama para que los contratos terminaran en Magno, junto al ex alcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia, y ex presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, que firmó un contrato con el Consorcio que terminó subcontratando a la citada empresa. Este otro edil socialista, ahora representante en la Diputación de Sevilla, no ha sido aún citado a declarar en el juzgado, aunque así lo ha pedido IU.

“Mi representado ha sido objeto de un linchamiento moral y el sobreseimiento de las presentes actuaciones resulta necesario para contribuir desde la justicia al restablecimiento de la verdad y honorabilidad de las personas de buen hacer en el servicio a sus vecinos y conciudadanos”, se apostilla.