El Juzgado número 1 de Morón de la Frontera ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex alcalde Manuel Morilla Ramos (PP) por dos delitos contra el medio ambiente que habría cometido al permitir vertidos al río Guadaíra durante varios años. Morilla, que ha sido condenado por licencias ilegales, se enfrenta a una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión por contravenir las leyes de protección del medio ambiente por vertidos al río. También se enfrenta a otra pena de entre seis meses y tres años por otorgar autorizaciones ilegales para industrias contaminantes y por haber silenciado la infracción de leyes por parte de esas empresas contaminantes, señala Ecologistas en Acción en un comunicado.

Los hechos delictivos se remontan a finales de 2006, cuando la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) formuló las primeras denuncias contra el Ayuntamiento de Morón por vertidos de aguas residuales urbanas al arroyo del Cuerno, afluente del Guadaíra. Estos vertidos tenían un alto contenido en material orgánico procedente de empresas de aderezo de aceitunas, y continuaron durante varios meses de 2006 y 2007, por lo que la CHG instó al alcalde para que clausuraran las conexiones de esas empresas con el alcantarillado público de Morón, sin obtener ninguna respuesta.

A pesar de estas advertencias, el alcalde renovó nuevas autorizaciones de vertidos al alcantarillado a empresas como Aceitunas Guadalquivir y Frigoríficos Morón, según la asociación ecologista, personada como acusación particular. La situación de "total descontrol y permisividad" del Ayuntamiento llevó a la CHG a proponer al Ayuntamiento la clausura de dos puntos de vertido al alcantarillado público de las empresas Ángel Camacho e Internacional Envasadora, ambos sin autorización, sin que el Ayuntamiento atendiera tampoco este requerimiento. Toda esta inactividad del Ayuntamiento ante el comportamiento contaminante de las empresas llevó a la CHG a retirarle las competencias sobre vertidos en febrero de 2007.

Desde 2003, la CHG ha impuesto multas al Ayuntamiento de Morón por un valor superior a 1,5 millones de euros, que han tenido que soportar los ciudadanos de Morón con sus impuestos. Ecologistas en Acción ha reclamado en numerosas ocasiones a la CHG que dedique ese dinero a la restauración ambiental del río Guadaíra a su paso por Morón, especialmente en la zona la Sierra de Esparteros, y que contrate para ello a trabajadores del sector agrícola que se quedan desempleados después de la campaña de recogida de la aceituna. Constan también en el Juzgado informes del Seprona con denuncias de toda clase de vertidos desde el alcantarillado público a la cuenca del Guadaíra durante los años 2003 hasta 2007.

En 2004 esos vertidos, permitidos por el Ayuntamiento de Morón, provocaron la rotura de la depurada de Morón que tuvo un coste inicial de 4,2 millones de euros y cuya reparación en 2007 tuvo un coste adicional de 2,5 millones de euros de dinero público aportado por la Junta de Andalucía. Toda esta situación llevó a la Fiscalía de Medio Ambiente a presentar querella en enero de 2008, mediante la que se iniciaron las diligencias previas en la que se personó Ecologistas en Acción como acusación popular.