La Policía investiga si Urbanizadora Rojas fue obligada a comprar suelo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, merced a la denuncia promovida por la sociedad limitada unipersonal (SLU) Urbanizadora Rojas contra la antigua caja de ahorros Cajasol a cuenta de la operación de compra de los terrenos bautizados como BP5 del desarrollo urbanístico de Entrenúcleos, en Dos Hermanas, ha detectado "la posible existencia de una infracción penal" y, a tal efecto, ha ordenado al grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional que emprenda las gestiones oportunas. Las viviendas protegidas proyectadas en estos suelos, como es sabido, siguen bloqueadas motivando el conocido conflicto.

La denuncia, recogida por Europa Press, expone que la ya extinta caja de ahorros Cajasol era la propietaria de los citados suelos del sector Entrenúcleos de Dos Hermanas. Se trataba, según la denuncia, de un activo "tóxico" cuya adquisición "impuso" supuestamente Cajasol al Grupo Inmobiliario Ferro, al que pertenece Urbanizadora Rojas, durante la negociación de "soluciones" financieras a los "problemas" que este grupo promotor sufría.

"Las negociaciones para la compraventa de los terrenos referidos estaban sometidas a la obligación de Cajasol de otorgar una financiación en condiciones supuestamente inmejorables y preferenciales", señala la denuncia, porque en aquellos momentos la situación de la empresa hacía "desaconsejable" operaciones inmobiliarias de esta naturaleza. La empresa, así, fue presuntamente "obligada a comprar dicho terreno a un precio superior a lo permitido por Ley en casi cuatro millones de euros".

"Cajasol, a pesar de la prohibición de vender terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección a un precio superior al establecido por Ley, procede a la imposición de la compra a Ferro a un precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la única solución para generar recursos para atender su endeudamiento", señala la denuncia, toda vez que finalmente el grupo Ferro no habría gozado de la financiación acordada en esta operación dando lugar al conocido conflicto que rodea a estas viviendas protegidas del sector Entrenúcleos. A tal efecto, el grupo Ferro acusa a la antigua caja de ahorros Cajasol de incumplir las "condiciones de disposición del préstamo" acordado, algo "fundamental para la aceptación de la compra del terreno de referencia", y calcula más de 34 millones de euros en concepto de posibles daños y perjuicios.

En un auto el Juzgado de Instrucción número 5 recogía ya esta denuncia al detectar "la posible existencia de una infracción penal", toda vez que en una providencia posterior de fecha 16 de enero, el juez Lorenzo Arístides Pérez Guerra, titular de esta instancia judicial, ordena al grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional la práctica de "gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos denunciados".