El gobierno socialista de la Diputación de Sevilla no baraja, de momento, destituir a la alcaldesa de Almadén de la Plata, Felicidad Fernández (PSOE), del puesto de libre designación que ostenta como coordinadora territorial del área de Cultura y Ciudadanía, a pesar de que irá a juicio por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de dos personas, una de ellas un familiar, en el Consistorio sin seguir el procedimiento legal para ello. Así se desprende de la contestación que se ha dado por escrito a una pregunta que el representante de C's, Javier Millán, planteó en el Pleno y en la que éste aludía al código ético del PSOE con respecto a los cargos públicos enjuiciados. El gobierno expone que el citado código es "una cuestión estrictamente partitaria".

Es previsible que sea la misma respuesta que se dé también a otra pregunta que C's elevó en el último Pleno en relación a la permanencia del ex alcalde de Los Palacios Antonio Maestre como asesor del grupo socialista en la Diputación, después de que se haya dictado auto de apertura para juicio oral contra él por presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones, en relación con el destino de unas ayudas a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que no se usaron en el fin previsto cuando él la presidía. Ni el gobierno socialista ni el propio partido a nivel provincial han explicado cuál es su postura y si se prevé cesarle.

Millán ha recordado que es el código ético del PSOE el que estipula que "cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá en el mismo momento en que se le dé traslado de apertura del mismo (..) y en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia". También preguntaba cuál era la situación laboral de estos dos cargos y "qué medidas se van a tomar" ante los juicios que afrontan.