El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, Javier Francisco Alba Figuero, ha solicitado a las Cortes Generales que acrediten si el alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones,  es actualmente diputado nacional, lo que dada su condición de aforado tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo en relación las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

En una providencia dictada el 22 de enero pasado, el juez acuerda solicitar la acreditación de la condición de diputado de Gutiérrez Limones, en atención al “estado de las presentes actuaciones y en especial el atestado” presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de 18 de noviembre. En la resolución, el juez da un plazo de diez días a las partes personadas para que , “teniendo en cuenta la condición de aforado del mismo y la existencia de indicios de criminalidad expuestos en el atestado, informen sobre la competencia en la instrucción del presente procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Una vez que el magistrado reciba la acreditación como diputado de Gutiérrez Limones, el juez debe enviar una exposición al Tribunal Supremo sobre los hechos que, a juicio del instructor, deba conocer la Sala de lo Penal en relación con la presunta actuación delictiva de este aforado, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).En el atestado mencionado, la Guardia Civil consideraba que el alcalde de Alcalá y diputado del PSOE tiene una “directa responsabilidad” en los hechos relacionados con la empresa ACM, en los que se investigan delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad documental.

Los investigadores señalaban que el interventor en el Ayuntamiento alcalareño, Francisco de Asís Sánchez-Nieves Martínez, habría reconocido en su declaración como testigo que no se inspeccionaba la contabilidad de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, como es el caso de ACM, ni se efectuó el control financiero de la misma, por cuanto era necesario que el Pleno municipal hubiera concretado una norma para llevarlo a cabo, y porque no disponía de medios humanos suficientes. El atestado detallaba que el interventor envió hasta seis escritos al Ayuntamiento reiterando las necesidades y, por ello, concluía que si el gobierno local hubiera facilitado los medios reclamados por la Intervención “nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM”.

El abogado José María Núñez, que representa a la mercantil ACM –fue designado por la comisión liquidadora de esta sociedad-, solicitó al juez el pasado 3 de diciembre, antes de que el instructor dictara la providencia sobre el alcalde, que se citara a declarar al interventor municipal, Francisco de Asís Sánchez Nieves, quien tras hacerse público el atestado de la Guardia Civil remitió una carta al alcalde aclarando sus manifestaciones.

Según el interventor, “en ningún momento” declaró que advirtiera a Antonio Gutiérrez Limones o a la junta de gobierno local, “ni verbalmente ni por escrito, de lo que pudiera suceder en ACM. Es imposible que yo le advirtiera de algo que yo mismo desconocía”, señala la carta del interventor, a la que ha tenido acceso este periódico.

De la misma forma, el funcionario explica que tampoco declaró que el alcalde “bloqueara ninguna actuación de la Intervención, sino que por la falta de medios personales, ésta no podía realizar la totalidad de sus funciones”, algo que puso en conocimiento de los distintos responsables municipales. “Sobre las solicitudes de más medios personales y su falta de respuesta, deseo matizar que la primera y única dirigida a su persona, de fecha 14 de diciembre de 2007, sí fue atendida. En aquella fecha le solicité que reconsiderara la propuesta al Pleno de suprimir la plaza de viceinterventor y usted atendió mi solicitud y mantuvo dicha plaza en la plantilla de personal del Ayuntamiento”.

El abogado de ACM también ha aportado como documento la solicitud del alcalde a la Cámara de Cuentas de Andalucía de una auditoría sobre la liquidación de ACM y los últimos cuatro años (ejercicios 2000-2013) y que fue remitida por la mesa del Parlamento de Andalucía a la Comisión de Hacienda y Administración Pública.

En el escrito en que solicita la práctica de estas diligencias, la representación de ACM señala que desde hace más de un año y medio los “trabajadores, administradores y cargos electos están sufriendo un descrédito personal por el mero hecho de ser presentados y aparecer ante la opinión pública como presuntos autores de hechos delictivos, aún sin estar imputados formalmente, siendo el coste demasiado elevado, con independencia del delito de que se trate”. 

Y añade que “cuanto mayor es el crédito social, popularidad o relevancia pública de la persona, mayor será el coste personal y por ello mayor ha de ser el esfuerzo por evitar imputaciones infundadas o carentes de los indicios racionales suficientes para sustentar o predicar la condición de autor respecto a una persona determinada, evitando la tentación de una reformulación populista de la alarma social o de que la repercusión social de una determinada noticia sea suficiente para legitimar actuaciones judiciales sin la necesaria y objetiva acreditación”.