Aznalcázar

El gobierno local quiere retomar la gestión de los pinares municipales

  • El convenio que existe ha servido a la Junta para cuestionar la ordenanza de usos y el 'peaje' rociero.

El gobierno local socialista de Aznalcázar, que dirige la alcaldesa Dolores Escalona, llevó el pasado jueves al Pleno una propuesta para denunciar el convenio que, desde hace 20 años, el Consistorio mantiene con la Junta y por el que ésta se hace cargo de la gestión de los pinares de propiedad municipal. El acuerdo viene de la etapa en la que existía el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), pero se ha ido renovando. Ahora sigue vigente con la Agencia de Medio Ambiente de la Junta. El nuevo plazo para renovarlo vence el próximo 30 de septiembre y las partes pueden renunciar al mismo en los tres meses previos, aunque Escalona pretendía tomar ya esa decisión, pero no tiene mayoría absoluta y el PP e IU lo frenaron. El asunto se quedó sobre la mesa para estudiarlo con profundidad.

Según explicaron ayer representantes de ambos grupos, la razón es que se trata de una decisión importante y con trascendencia, puesto que la gestión y conservación de los pinares supone un coste elevado y requiere de una organización técnica y de personal que habría que preparar de forma previa para hacerlo con garantías, algo que, consideran, no se ha producido. Escalona defendió que el objetivo es que el empleo repercuta más en los vecinos de Aznalcázar. En concreto, la propuesta defendía que transcurridos 20 años, "es irrefutable que el convenio se encuentra totalmente desfasado y necesita ser adaptado a los cambios normativos y competenciales" que se han dado, "así como adaptarlo a las necesidades y potencialidades actuales de las entidades firmantes".

No obstante, es precisamente ese convenio el que ha esgrimido la Junta ante el Ayuntamiento para advertirle de que la aplicación de la Ordenanza de usos públicos y aprovechamientos forestales -que ha aprobado el Consistorio con el voto del PSOE e IU y que, entre otras cosas, pretendían cobrar una fianza de 3.000 euros a las hermandades del Rocío que pernoctan o sestean en la zona y un canon de 25 por vehículo- podría ser ilegal por una cuestión de competencias. Fuentes de la Junta apuntaron que ello afectaría a toda la ordenanza, también a otros usos que se regulan (recogida de espárragos, setas, leña, etcétera) y no sólo a las hermandades.

El viernes, la alcaldesa se reunió con las hermandades que se verían afectadas y anunció que al menos este año no se aplicaría, considerando que ha entrado en vigor poco antes de la romería, cuando ya habían hecho sus cuentas. No descartó hacerlo más adelante e incidió en que hay municipios (Hinojos y Almonte) que tienen normas similares, que aplican de una forma u otra. La ordenanza no recibió alegaciones en su exposición pública, aunque la Junta ha amagado con recurrirla en los tribunales.

IU dice que el canon debe cobrarse

El portavoz de IU, José María Ollero, que apoyó la ordenanza de usos de los montes municipales que incluye el cobro de una fianza a las hermandades rocieras por acampar en la zona, ha denunciado que se enteró por la prensa de la decisión de la alcaldesa, Dolores Escalona, de no aplicarlo durante este año y se mostró contrario. En este sentido, recordó que la ordenanza está aprobada de forma definitiva, sólo cabe el recurso por la vía de lo contencioso, y salvo que se haya presentado algún recurso formal por parte de la Junta -algo de lo que no tiene constancia, dijo- no se puede tomar la decisión unilateral de aplicar una moratoria. "Como no se podría con otro tipo de impuestos y tasas municipales", dijo. Cualquier modificación en ese sentido, debería aprobarse por el Pleno, y anunció que estudian exigir que se aplique ya este año. 

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