El personal de la cementera pide que Susana Díaz medie con la alcaldesa

El comité de empresa de la fábrica del grupo Cementos Portland Valderribas en Alcalá de Guadaíra anunció ayer que pedirán que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, medie en el conflicto con el Ayuntamiento que, según insistieron, pone en peligro el futuro de sus empleos. Así lo anunciaron tras mantener un primer encuentro con la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y tres miembros de su de gobierno para "trasladarles la preocupación de los trabajadores ante la medida tomada en el Pleno" de modificar el PGOU para impedir que se valoricen residuos a menos de dos kilómetros de las zonas residenciales, lo que entienden que se hace para "paralizar" el proyecto de la fábrica, "cuyo objetivo es garantizar la competitividad y viabilidad" de la planta.

Según informó el comité en un comunicado, la reunión no fue satisfactoria, y lamentaron la "actitud" y las "dudas de la alcaldesa", que atribuyeron al "desconocimiento del proyecto a desarrollar, de sustituir unos combustibles por otros, como ya se realiza en la mayoría de las fábricas de cemento y en muchos centros productivos de otros sectores en España y Europa desde hace más de 30 años". No obstante, asegura que la alcaldesa les manifestó que no quiere perjudicar a la fábrica ni al empleo, y "se mantendrán reuniones de seguimiento para seguir abordando este asunto". Así las cosas, los trabajadores están a la espera ahora de mantener una reunión con la presidenta y recordaron que el proyecto cuenta con todos los permisos de la Junta" y en su tramitación "el Ayuntamiento intervino con conformidad al mismo".

Mientras que se producía la reunión, un grupo de empleados de Portland se concentraron a las puertas del Ayuntamiento y anunciaron que segurán movilizándose contra lo que creen una decisión "injusta" e "ilegal", además de perjudicial para el municipio. La cementera aportó más de 22 millones de euros a la economía local de su entorno durante el pasado año y emplea a 200 trabajadores de manera directa y genera unos 600 indirectos, insisten. También advirtieron que la empresa estudia emprender acciones legales con las informaciones falsas que "se han vertido sobre la ciudadanía de Alcalá y el proyecto" y recordaron que, si tiene que recurrir y gana el proyecto en los tribunales, supondría un elevado coste para el Consistorio en daños y perjuicios.