Educación

Unos 15 sevillanos logran aprobar tras prosperar sus reclamaciones en Educación

Un profesor imparte clase en el aula de un instituto.

Un profesor imparte clase en el aula de un instituto. / D. S.

El caso del alumno de Sevilla al que le han aprobado ocho asignaturas de golpe tras la alegación presentada por la madre ha vuelto a poner de actualidad el trámite mediante el cual las familias pueden conseguir darle la vuelta al expediente académico de un menor. Se trata de un procedimiento, amparado por la ley, que ha generado bastante polémica los últimos años y que pretende, en todo momento, que queden garantizados los derechos de los estudiantes, pero también los del profesorado. 

Pese a la notoriedad mediática que alcanza un caso de este tipo, lo cierto es que, en términos absolutos, representan un porcentaje ínfimo en el alumnado sevillano. Así se desprende de los datos sobre los aprobados conseguidos por los estudiantes cuando su reclamación ha llegado a la Delegación territorial de Educación, en concreto, a la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones (CTPR), que se encarga de resolver tales peticiones. 

En este punto, conviene aclarar que la alegación del alumno del IES Félix Rodríguez de la Fuente se respondió en el mismo centro, sin necesidad de que interviniera dicho ente público, de ahí que la Administración autonómica haya pedido ahora información al respecto por lo asombroso de la cifra: ocho asignaturas que pasaron tras una reunión del suspenso al aprobado. 

Un 0,013% de aprobados de despacho

Los últimos datos sobre la decisión tomada por el CTPR corresponden al curso 2019/20, que estuvo marcado por el estadillo de la pandemia al final del segundo trimestre. En esta estadística se diferencia entre las reclamaciones presentadas por los estudiantes de Secundaria y los de Bachillerato. En el caso de la enseñanza obligatoria, el porcentaje de menores que acudieron a la Delegación de Educación al estar disconformes con las notas que les habían dado en sus respectivos centros y tras no prosperar en ellos su petición supuso un pírrico 0,02% del total, es decir, apenas 18 estudiantes de los 93.600 (cifra aproximada) matriculados en ESO en toda la provincia de Sevilla. Pues bien, de estas reclamaciones, sólo un 30% fueron estimadas por la mencionada comisión y se resolvieron a favor de los alumnos. O lo que es lo mismo, cinco aprobados en los despachos de la Junta. 

En cuanto a la etapa preuniversitaria, las reclamaciones que llegaron al CTPR representan un porcentaje un poco más elevado, aunque también se puede considerar insignificante: un 0,13% de los 22.600 sevillanos que cursan el Bachillerato. Dicha cantidad equivale a unos 30 estudiantes, de los que sólo se admitió el 34% de las alegaciones en segunda instancia, por lo que Educación únicamente les cambió la nota a 10. Por tanto, en un curso lograron este polémico aprobado 15 alumnos de un total (sumados los de la ESO y el Bachillerato) de 116.200, o lo que es lo mismo, un 0,013%, porcentaje alejado de cualquier alarmismo. 

La cifra de los 15 aprobados de despacho (como se le denomina entre los más críticos con este procedimiento) es muy similar a la de los últimos cursos. De hecho, la última vez que este periódico publicó estos datos fue hace un lustro, en 2016. En aquel entonces las reclamaciones estimadas a favor de los alumnos por el CTPR alcanzaban las 18, una cantidad que ha permanecido casi inmutable. La Delegación de Educación (en manos del PSOE en ese momento) aseguraba que el número de alegaciones presentadas ante dicho departamento se había reducido un 50%, a la mitad. 

La burocracia juega en contra

Pese a todas las explicaciones dadas por los políticos de un signo y otro, lo cierto es que cada vez que trasciende que un alumno logra aprobar fuera de las aulas se aviva el debate sobre la idoneidad de un sistema que, según los sindicatos de enseñanza, "desautoriza" a los docentes. Uno de los profesores que se ha sentido "víctima" de este trámite -y que prefiere que su nombre permanezca en el anonimato- asegura que muchas veces los estudiantes, pese a no haber adquirido ni los conocimientos ni las competencias exigidas, pasan de curso por un mero "error de forma" a la hora de presentar la documentación requerida cuando la alegación llega al CTPR. 

Conviene tener en cuenta aquí que este ente exige hasta 12 documentos y cualquier fallo u olvido por parte de los centros o del profesorado, por mínimo que sea, puede darle la razón al estudiante. Es lo que ocurrió, por ejemplo, hace cinco años con una alumna del IES Virgen del Castillo, en Lebrija, que logró revertir el uno que había sacado en Historia del Mundo Contemporáneo, una materia que arrastraba del curso anterior y que aprobó por errores formales del centro educativo. El CTPR admitió en aquella ocasión que los conocimientos mostrados por la joven eran "insuficientes", pero a la hora de estimar su reclamación ganaron peso las "irregularidades" cometidas por el instituto, que eran: la programación didáctica no recogía la forma en que se atendía al alumnado de segundo de Bachillerato ni había registro de la observación continuada de la evaluación de la estudiante. Aspectos formales que le valieron un cinco, pese a que sus logros quedaban muy lejos del nivel de exigencia. 

Estos casos, además, adquieren especial interés en un momento en que la Junta de Andalucía se ha mostrado muy crítica con uno de los supuestos cambios que introduce la ley Celaá, que permite pasar de curso y titular sin límites de suspensos. Dicho extremo, sin embargo, fue desmentido por la propia ex ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista concedida a este periódico, donde aseguró que ya la anterior reforma educativa, impulsada por el PP, contemplaba la promoción con hasta tres asignaturas cateadas. Eso sí, cuestionó que la repetición fuera la medida más oportuna para acabar con los altos índices de fracaso y abandono escolar que sufre España.  

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