Más de 50 entidades firman un manifiesto contra las patrullas vecinales en El Cerezo

Más de 50 colectivos y entidades sociales de Sevilla han suscrito un Manifiesto a favor del respeto y la convivencia vecinal, en el que expresan su “profunda preocupación por el deterioro de la convivencia en el barrio de la Macarena”, según informó la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La situación, según las entidades que suscriben el documento, “tiene su origen en las políticas municipales del Ayuntamiento de Sevilla”, que desde hace años ignora “las dificultades que enfrenta el vecindario como consecuencia de la concentración de recursos y de la falta de medios adecuados para atender a la población más vulnerable” y, en este sentido, señalan que “el acuerdo para los presupuestos municipales de 2025 incluyó el recorte de plazas en albergues municipales”.

La falta de interés por parte del Consistorio ha desembocado en que “parte del vecindario intente ‘resolver’ la situación desde la confrontación directa, canalizando la frustración contra quienes menos tienen”. Las entidades denuncian además que “ante la inacción de las administraciones competentes, especialmente la policía, grupos de personas encapuchadas están actuando violentamente en el espacio público, acosando y expulsando a personas en situación de extrema vulnerabilidad”. En este sentido, apuntan que en la zona se están desarrollando “dinámicas de aporofobia y odio hacia quienes ya sufren la pobreza, la falta de vivienda y la exclusión social”.

Quienes suscriben el documento explican que “la solución no pasa por enfrentar a ‘pobres contra pobres’, ni por reproducir el discurso de la ultraderecha que señala como culpables a las personas migrantes, a quienes viven en la calle o a quienes sobreviven como pueden en la economía informal”. En este sentido, señalan que la solución pasa “por mejorar las condiciones de vida de todas y de todos: servicios públicos, políticas de vivienda, recursos de empleo y formación, dispositivos de mediación y espacios de participación vecinal”.

Por ello, se exige que “las administraciones públicas asuman sus responsabilidades” y reclaman “un modelo de convivencia basado en el respeto, en los derechos humanos y en la solidaridad, donde ningún vecino o vecina sea señalado, perseguido o agredido por su situación de pobreza y exclusión”. Porque “la respuesta está en organizarnos colectivamente, defender la dignidad de todas las personas y construir, desde abajo y juntas, un barrio más justo, habitable y solidario, así como en pedir responsabilidades y poner freno a quien busca alentar en las vecinas la agitación y la violencia en aras de romper la pacífica convivencia”.