El colectivo de adjudicatarios de las 538 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha celebrado este viernes una concentración a las puertas del Consistorio hispalense. Los afectados, quienes entregaron entre 18.000 y 21.000 euros por cabeza o familia para estas viviendas protegidas cuya finalización había sido anunciada para 2010, denuncian la ausencia de soluciones y muchos de ellos comienzan a reclamar no ya la entrega de las viviendas, sino "la devolución" del dinero entregado. 

Los miembros del colectivo de afectados han celebrado este viernes una nueva protesta a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. Natalia, una de las portavoces de las familias, ha explicado que si bien el presidente de la CEA, Santiago Herrero, anunciaba hace ya un mes negociaciones con la Sareb para abordar soluciones y concluir la entrega, lo cierto es que a día de hoy "seguimos igual". El colectivo, según ha manifestado, ha emprendido acciones legales a cuenta del incumplimiento de los plazos previstos y para reclamar "indemnizaciones por la demora", pero de momento no median novedades en los planos institucionales, financieros o judiciales. 

Entre las familias, además, cunde una "división", pues algunos de los afectados reclaman la conclusión y entrega de las viviendas, mientras otros, "mucha gente" incluso, reclaman directamente "la devolución del dinero" anticipado. El conflicto, claro está, sigue plenamente vivo y sin soluciones sobre la mesa.  

Esta promoción de viviendas protegidas parte de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios habría entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora 'Dolmen Consulting Inmobiliario', inicialmente contratada para la edificación de los bloque, motivó que esta labor recayese en la empresa Nazarí. 

En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el banco malo, se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, están "inmovilizadas como activo tóxico" por la Sareb.