La investigación que el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto sobre la venta ilegal de coches desde el depósito municipal de vehículos a diferentes desguaces ha puesto bajo sospecha tanto a Lipasam, empresa encargada de dar de baja los vehículos, como los cementerios de automóviles, donde se lleva a cabo la destrucción definitiva de los coches y su tratamiento como residuo sólido urbano. Por el momento las dos personas que están imputadas por el juzgado son un policía local y ex directivo de la empresa municipal de limpieza, responsable de la Oficina de Vehículos Abandonados, y el propietario de un desguace que trabaja con el Ayuntamiento de Sevilla.

Esta investigación judicial puede sacar a la luz una serie de irregularidades que se dan con frecuencia en el sector de los desguaces y que por el momento son toleradas por las distintas administraciones encargadas del control de la destrucción de este tipo de residuos. La mayoría de los desguaces de la provincia de Sevilla, por ejemplo, carecen de licencia de apertura y del correspondiente permiso de gestor de residuos. Sólo 36 establecimientos figuran como autorizados para dar de baja definitiva los vehículos en el listado de la Dirección General de Tráfico. En el catálogo de gestores de residuos, el número de centros es de 33.

El resto de cementerios de automóviles de Sevilla son negocios ilegales. La explicación de este alto porcentaje de establecimientos clandestinos es puramente económica. La legislación sobre tratamiento de residuos es muy estricta y obliga a los desguaces a cumplir con una serie de requisitos para la descontaminación y tratamiento de los residuos. Para cumplir estas condiciones exigidas por ley, los desguaces que han obtenido el permiso se han visto obligados a adquirir maquinaria y tecnología especializada que les ha supuesto una inversión de varios miles de euros. No todos los dueños de desguaces han estado dispuestos o capacitados para asumir estos gastos. A estos requisitos se les ha unido recientemente un cambio en la normativa que obliga a estos negocios a estar situados fuera de los cascos urbanos.

El negocio de la destrucción de automóviles tiene cada vez unos márgenes más reducidos de beneficio. En ello ha influido la decisión de los ayuntamientos de cobrar una tasa a los desguaces por cada vehículo que les enviaban desde los depósitos municipales. Tradicionalmente, los cementerios de automóviles almacenaban los coches que las grúas municipales retiraban de las calles sin percibir ningún dinero de la administración. Lo hacían porque, tras tres intentos de notificar al propietario del vehículo que su coche se encontraba en sus instalaciones y pasado un plazo legal, los desguaces podían quedarse con el coche y vender las piezas como recambios. Los desguaces eran quienes se encargaban de recoger los coches de los depósitos municipales y contaban con espacio suficiente para almacenarlos durante varios meses.

La situación cambió a finales del siglo pasado, cuando la empresa municipal de limpieza de Sevilla (Lipasam) empezó a cobrar a los desguaces un canon por cada vehículo que se les enviaba. Este sistema pronto fue copiado por el resto de municipios de la provincia, de manera que actualmente cada coche que se envía a un cementerio de automóviles viene precedido por el pago de unos 120 euros de media. Esta tasa varía en función de cada ayuntamiento y también del modelo de vehículo, ya que por los todoterrenos se suelen pagar unos 170 por cada uno.

Esto redujo enormemente los márgenes del negocio, de forma que en los últimos años se ha desatado una competencia feroz por hacerse con vehículos para poder sacarles algo de rentabilidad. De ahí que se hayan dado situaciones manifiestamente ilegales, como servicios de grúas municipales que han retirado como abandonados vehículos que llevaban dos meses aparcados en una calle porque sus propietarios se habían marchado de viaje o a trabajar como temporeros fuera de Sevilla. O coches retirados cuando sobre ellos pesaba una orden judicial de inmovilización. Fuentes del sector han explicado a este periódico que muchos de estos vehículos retirados permanecen amontonados en una nave industrial de las afueras de Sevilla, sin que se respeten las condiciones que exige la ley para tratar estos residuos.