La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a que Francisco Javier García Marín, el Cuco, que fue condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, cumpla el resto de la condena en la cárcel al haber alcanzado la mayoría de edad, pero entiende que el joven debe permanecer en el centro de menores internado en régimen cerrado durante otros casi dos años más, hasta el 14 de septiembre de 2013.

En un escrito presentado por la Fiscalía en el juzgado de Menores número 3 de Sevilla, que debe realizar ahora la compensación del tiempo que el menor ha permanecido encerrado y cumpliendo la medida cautelar de convivencia en grupo, el Ministerio Público ha solicitado que se le compense sólo un día de internamiento en centro cerrado por cada seis que el Cuco permaneció en el piso tutelado de la provincia de Cádiz.

Para llegar a esta conclusión -por lo general se suele compensar dos días de cumplimiento de la medida cautelar con un día de internamiento en centro cerrado-, la Fiscalía ha valorado especialmente que Francisco Javier García Marín "no muestra signos de arrepentimiento" del delito por el que ha sido condenado y tampoco "asume el hecho cometido", por lo que re considera que debe trabajar con el joven para "lograr la asunción del hecho y la responsabilidad por su conducta".

Estos son sólo dos de los seis factores negativos que la Fiscalía ha tenido en cuenta para solicitar esta compensación del tiempo que el Cuco ha pasado en el piso tutelado, ya que también ha influido en la postura del Ministerio Público la "gravedad" del hecho cometido, el "daño causado a la víctima y a los perjudicados", en alusión al daño moral ocasionado a la familia de Marta, así como que el cumplimiento de la medida cautelar de alejamiento "ha sido correcto pero sin interiorizar los objetivos que se proponían", y todo ello considerando además que el 14 de noviembre de 2010 fue sorprendido cuando se dirigía a Sevilla, incumpliendo la orden de alejamiento.

Por último, la Fiscalía ha valorado la propia "naturaleza de la medida cautelar impuesta de convivencia en grupo educativo" y que, según recuerda el escrito de la acusación pública, se trata de una medida considerada como de régimen abierto y catalogada por debajo de la libertad vigilada.

En cuanto a la posibilidad de que el Cuco cumplieran el resto de la condena en un centro penitenciario, tal y como permite el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y ha solicitado la acusación particular que ejerce la familia de Marta del Castillo, la Fiscalía se opone a la misma y quiere que el Cuco continúe en el centro de menores, "sin perjuicio de que esta situación pueda ser modificada en otro momento procesal en función de la evolución del menor". Dice la Fiscalía que para que el que fuera menor pase a un centro penitenciario su conducta debe "no responder a los objetivos propuestos" en la sentencia y recuerda que aunque el menor fue objeto de dos expedientes disciplinarios cuando estuvo internado -uno tras serle intervenida una cuchilla en unas zapatillas y otro por un altercado tras conocerse su identidad en el centro-, por los que fue sancionado y se modificó su plan de intervención. El informe final sobre su conducta determinó que en la "recta final de su internamiento" había permanecido  con una mayor estabilidad y "evolucionando de forma positiva".

Durante su estancia en el piso tutelado, añade la Fiscalía, también ha mostrado "una evolución" y una "progresión más ordenada, alejado de las frecuentes ofuscaciones y respetando las indicaciones recibidas y la dinámica interna de funcionamiento (mayor paciencia y capacidad de control)". El último informe sobre Francisco Javier García Marín dice que "hay que reforzar positivamente los logros alcanzados por el menor" y la Fiscalía concluye que en la actualidad "no existe constancia de que la conducta del menor no responda a los objetivos propuestos en la sentencia, por lo que no procede su pase a centro penitenciario, sin perjuicio de que pudiera acordarse en otro momento si su evolución así lo aconsejara", reitera el escrito de la acusación pública.

La Fiscalía considera que el menor debe cumplir 1.050 días por la condena de dos años y once meses de internamiento en centro cerrado que le impuso el juez de Menores y confirmó la Audiencia de Sevilla. De ese tiempo, hay que descontar los nueve meses que pasó de forma preventiva en el centro de menores, lo que hacen 270 días, y los 95 días que le descuenta por los 568 días que pasó en el piso tutelado de la provincia de Cádiz. De esta forma, al Cuco, que ingresó voluntariamente en un centro de menores de la provincia de Córdoba el pasado 28 de octubre, le quedarían por cumplir aún 685 días, con lo que no obtendría la libertad hasta el 14 de septiembre de 2013.