La juez da carpetazo a la denuncia de la Fiscalía contra Rafael Carretero por las irregularidades de la Feria

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha archivado la causa abierta por la Fiscalía contra el jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, quien ni siquiera ha llegado a prestar declaración en calidad de investigado en relación con el montaje de la Feria de abril.

En el auto, la juez señala que sobre los indicios de delito existentes y a la hora de valorar el resultado del conjunto de diligencias de investigación practicadas, debe partirse de la “dificultad que supone la evidencia de haberse desmontado la Feria del año 2014, en el momento en el que se ponen sobre la mesa las presuntas irregularidades que dan lugar a esta causa”, por lo que resulta en numerosos puntos “imposible de comprobar si se trata de hechos ciertos o de meras elucubraciones o sospechas, sin más fundamento y en las que hayan podido también incidir factores de relaciones personales y/o profesionales”.

La juez señala además que “la falta de precisión en la definición y descripción de algunas partidas no es por sí sola malversación de caudales públicos” y en el caso concreto de Rafael Carretero asevera que “no existiendo indicios de haber actuado con ánimo de lucro, ni haber ningún aprovechamiento personal de la personas y empresas investigadas, debe concluirse que no se han usado fondos públicos o bajo custodia pública, para fines distintos que la causa o servicio público, de hecho el ayuntamiento ha abonado sin reparos la totalidad de las facturas correspondientes a la Feria de 2014, y de lo informado por los peritos propuestos por Ferrovial lo que resulta sería un saldo a favor en caso de reclamación, precisamente, de esta empresa pública y no del erario público”. Por ello, la instructora dice que no queda “debidamente justificada la perpetración” del delito de malversación de caudales públicos.

En cuanto al delito de cohecho, la instructora señala que la denuncia inicial de la Fiscalía “se hace eco” de la posibilidad de que Rafael Carretero se hubiera beneficiado de servicios gratuitos por parte de las empresas investigadas “a cambio de no poner objeciones en cuanto a volúmenes, duplicidades o controlar la ejecución de las empresas beneficiadas como contratistas y subcontratistas con la instalación –montaje y desmontaje- del recinto ferial de Sevilla, siendo también las partidas examinadas extensivas a las instalaciones necesarias para la festividad del Corpus Christi”. Y se alude a servicios de mantenimiento en viviendas particulares del jefe de Fiestas Mayores y a suministros y servicios en su caseta de Feria, aseveraciones “todas ellas que parten” de la información del denunciante, el técnico Miguel Ángel Baena.

La juez afirma a este respecto que “ni siquiera constan acreditados los servicios y prestaciones de las que el señor Carretero se hubiera presuntamente beneficiado, ni el importe económico de los mismos, dadas las contradicciones y falta de consistencia que se aprecian en el testimonio que actúa como factor fundamental de delación”, por lo que también descarta la imputación relativa al cohecho.

Así, la magistrada analiza con especial interés la declaración del denunciante, que tuvo lugar el 3 de junio de 2016, quien reconoció en su comparecencia la “falta de afinidad” con Carretero, y sobre la declaración del técnico de la Intervención del Ayuntamiento, que en julio pasado ratificó que había detectado “numerosas irregularidades de tipo administrativo”, “de ahí no paso”, fue la expresión literal que este testigo hizo, recoge el auto.

La juez llega a la conclusión de que de los datos que constan en las actuaciones “no aparece debidamente justificada la perpetración de delito que deba perseguirse ante la jurisdicción penal”, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de la actuaciones.

“Tal es la solución apropiada, sin perjuicio de la obligada reserva de acciones civiles a quienes se reputen perjudicados, cuando el único fundamento de la incriminación penal son la apreciación de errores contables y las manifestaciones inculpatorias de dos testigos”, dice la juez, que concluye que “tales manifestaciones ni siquiera aparecen rodeadas de indicios periféricos que corroboren la imputación y que puedan servir de base a una construcción racional por medio de la prueba indiciaria”.

La instructora recuerda el principio de intervención mínima del derecho penal, que exige que “el sistema penal de control social sólo pueda actuar frente a agresiones graves de los principios informadores de la convivencia, no contra meras irregularidades que encontrarán sus mecanismos de control en otros órdenes sancionadores”.

La juez había citado inicialmente a declarar a Carretero el 16 de junio de 2016, pero decidió suspender sine día su comparecencia tan sólo unos días después de que el arquitecto técnico de la delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla Miguel Ángel Baena, que denunció las presuntas irregularidades en el montaje de la Feria de Abril, ratificara su denuncia y cifrara en 1,5 millones de euros el posible fraude en las ediciones de las últimas cinco ferias.

La magistrada también suspendió las declaraciones de cuatro representantes de las empresas que supuestamente ofrecieron dádivas al funcionario. Se trata de los delegados de Ferrovial-Agromán en Andalucía Ramón Bullón Morales y el delegado de la UTE RMD & Coyma, Aquilino Toucedo Martínez, así como los representantes de Alquileres Quitasol y de la entidad A.E.M. Vázquez. La magistrada consideraba que los hechos denunciados en abril de 2016 por la Fiscalía de Sevilla “presentan características que hacen presumir la posible existencia” de delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos atribuibles al jefe de la Sección Técnica de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, que fue responsable del montaje de la Feria durante 35 años, “al desprenderse de los términos de la denuncia indicios de presuntas irregularidades en los expedientes de contratación necesarios para el montaje de la Feria”.

La juez recordaba que se denuncia una desviación en el importe de los expedientes de un 2,5% de su cuantía en relación al año 2014, cantidades que podrían “extrapolarse a años anteriores al haberse repetido su contenido y forma de tramitación”, por lo que la instructora acordó además ofrecer al Ayuntamiento de Sevilla el ejercicio de acciones como eventual “perjudicado” por la malversación de caudales públicos en caso de acreditarse.

El auto señalaba que las irregularidades se pusieron de manifiesto en primer lugar por el arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores Miguel Ángel Baena, al reflejarse “numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado: abono de trabajos no realizados, duplicidad en el abono de una misma partida, trabajos no justificados o trabajos realizados por operarios sin contar con la titulación precisa”.

La juez añadía que en el año 2014 y en los anteriores, Rafael Carretero, “como contraprestación tras asumir la regularidad de las facturas que se le presentaban sin objetar volúmenes ni duplicidades ni controlar la ejecución, recibía a cambio servicios gratuitos de empresas como Ferrovial-Agromán, adjudicataria de las obras de montaje, desmontaje, y alquiler de estructuras modulares”; y también de las otras entidades mencionadas cuyos representantes han sido imputados.

Además, la juez incluye entre estas irregularidades que Carretero firmaba como jefe de los servicios técnicos, un “puesto inexistente en el organigrama municipal”.

La denuncia de la Fiscalía apreciaba irregularidades en la Feria de 2013, 2014 y de 2015. Trabajos gratis de pintura, carpintería o electricidad en su casa, o de jardinería y mantenimiento de la piscina, el montaje de su caseta y la manzanilla que se servía en la misma, así como vigilante de seguridad y un coche a su disposición. Estos son algunos de los regalos que, según el Ministerio Público, recibió Carretero de las empresas adjudicatarias del montaje de la Feria de Abril.

La Fiscalía detallaba que determinados empleados enviados por la empresa Ferrovial, adjudicataria de las obras de montaje desmontaje y alquiler de estructuras modulares (expediente 163/13) y obras de instalación de estructuras tubulares (expediente 164/13), habían realizado trabajos a lo largo de distintos años (incluido el año 2014) en distintos inmuebles particulares de Carretero, como “trabajos de pintura, carpintería y de electricidad, así como cambio de mobiliario, trabajos de poda, limpieza, mantenimiento y pintura de piscina, etc..“ siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de la empresa Ferrovial.

Además, habían efectuado trabajos en el montaje y desmontaje de la caseta de Carretero en el recinto ferial durante todos los años, con materiales nuevos de Ferrovial y además realizaban el traslado de enseres más singulares para el ornato de la caseta, desde domicilios particulares. Asimismo sería Ferrovial quien “asumía el suministro de cajas de vino (manzanilla) durante todos los días de la feria de todos los años en esta caseta”, precisaba la denuncia.

Relata igualmente la Fiscalía que la UTE RMD Seguridad y Coyma servicios generales, adjudicataria del servicio de vigilancia para el 2013, realizaba menos horas de las facturadas, si bien “a cambio dicha empresa de seguridad aporta durante la feria un vigilante de seguridad a la caseta particular de Carretero (para el control de acceso) durante tres semanas (dos antes de feria y la propia de la feria), a cargo naturalmente del presupuesto municipal”. Además de ello, la empresa de seguridad ponía “a su disposición, para su uso indiscriminado y sin gasto alguno, un coche sin distintivos y un conductor que sirve a Carretero tanto para él como para miembros de su familia, tanto la semana antes de feria, como durante la semana de feria, entre las 10:00 y las 20:00”.

Según la denuncia, la semana de feria prestaban servicio entre 80 o 90 vigilantes, pero según el plan de trabajo facilitado por Fiestas Mayores deberían de prestarlo entre “100 o 130 para cubrir todos los diferentes puestos requeridos”.

Dice la Fiscalía que el “acuerdo interno” de Carretero con el representante de la empresa adjudicataria radica en no solicitarle control alguno de las horas efectivamente prestadas, firmando el “conforme con dichas facturaciones sin realizar por su servicio comprobación alguna, ni documental ni personal”.