El ex hermano mayor de La Bofefá Manuel Casal es uno de los investigados en la presunta trama de fraude a la Seguridad Social del caso Mersant. Casal presidió la junta de gobierno de la cofradía del Martes Santo durante ocho años y dejó su cargo en noviembre de 2022. Apenas un mes después, el 20 de diciembre, fue detenido en su domicilio del centro de Sevilla bajo la acusación de dos delitos: pertenencia a organización criminal y frustración de la ejecución, lo que antes se conocía como alzamiento de bienes.

Casal era el contable del gerente en la sombra de Mersant Vigilancia, J.C.S., quien fue también miembro de la junta de gobierno de la hermandad durante el primer mandato de Casal. La responsable de Mersant era legalmente la mujer de J.C.S., R.S.M. (el nombre de Mersant es un acrónimo formado por las iniciales de los dos segundos apellidos del matrimonio), pues J.C.S. estaba inhabilitado como administrador por haber llevado a la quiebra otra sociedad anterior, Kappa Vigilancia. 

Mersant llegó a tener una deuda superior a los cuatro millones de euros con la Seguridad Social y fue vendida a un empresario de Carmona, al que la Policía considera responsable de una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Este hombre había prestado alrededor de un millón de euros al matrimonio dueño de Mersant para que reflotara la compañía. Al no poder devolver el dinero, le vendió la empresa al prestamista. Éste asumió todos los servicios que tenía Mersant a través de otra empresa de su propiedad, Urcon Security.

Esta maniobra constituye, para los investigadores del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF, un delito de frustración de la ejecución o alzamiento de bienes, es decir, adquirir sociedades en crisis con deudas millonarias, cuyos activos eran transferidos a empresas vinculadas con la organización, en perjuicio de los acreedores. Mersant fue declarada en concurso. Fueron precisamente los impagos a los trabajadores de la empresa (que no cobraban desde diciembre de 2021) lo que propició el inicio de esta investigación de la Policía Nacional, que arrancó a principios de 2022. En ella fueron detenidas 23 personas vinculadas a la trama del fraude y el blanqueo.

En ella fueron arrestados los dueños de la compañía, tanto los actuales como los anteriores, y varias personas vinculadas a la empresa. Entre ellas está Casal, que fue contable de J.C.M. y así consta en el atestado de la UDEF, al que ha tenido acceso este periódico. El ex hermano mayor se acogió a su derecho a no prestar declaración ante la Policía. Este periódico contactó ayer con Manuel Casal, que prefirió no hacer ninguna declaración sobre este asunto.

"Era la persona que le llevaba todo el tema financiero a J.C.M. Durante la pandemia, había solicitado préstamos del Instituto de Crédito Oficial para todas sus empresas por encargo de éste", asegura una testigo sobre el grado de participación en los hechos del ex hermano mayor. Esta testigo añadió que desconocía las cuantías de estos préstamos pero sí que sabía que "finalmente fueron concedidos, utilizándose las cantidades que se ingresaron para ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda, así como con las nóminas de los trabajadores".

Según la declaración de esta mujer, Casal pidió a J.C.M. que lo despidiera cuando supo que éste iba a vender la empresa al empresario de Carmona, "que no era de su agrado". Para la Policía, el ex hermano mayor era el encargado de buscar financiación para la empresa y también el responsable de tramitar los certificados positivos de deuda tributaria. 

La investigación del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla continúa abierta. La operación policial se desarrolló a finales de diciembre de 2022. J.C.M. y su mujer fueron detenidos en Albox (Almería). Al primero se le considera el cabecilla de una organización empresarial especializada en el sector de la seguridad privada, cuyas sociedades involucradas cometieron un fraude a la Seguridad Social por importe de 6,5 millones de euros. La venta de Mersant permitió destapar también otra organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que contaba con un complejo entramado formado por más de 80 sociedades y 35 testaferros.

A J.C.M. se le intervino una pistola. En la operación también fueron detenidos varios de sus más estrechos colaboradores, incluido su director de seguridad o su suegro, ex guardia civil, así como un importante número de testaferros. En la otra vertiente de la trama, la del blanqueo, también cayó la directora de una sucursal bancaria de Dos Hermanas, que ejercía un papel clave en la reintroducción del dinero ilícito en el circuito legal.

Entre las actividades a las que se dedicaba esta otra trama, destacan la adquisición de inmuebles. Llegaron a comprar un castillo en Paterna del Campo por un importe de diez millones de euros. Otra de las variantes del blanqueo consistía en realizar viajes a Italia para volver con billetes de 500 euros, que eran blanqueados en el banco de Dos Hermanas. Muchos de los relacionados con esta trama llevaban una vida de excesos.