Las familias okupas de la Corrala Utopía "están exentas" de la lista de baremación para acceder a una vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. Para justificarlo, la delegada de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, aludió al auto del magistrado que obligaba a dar una solución a las personas en riesgo, obviando una resolución de los tribunales europeos que señalaban que ninguna de las familias que ocuparon durante casi dos años el edificio próximo a San Lázaro estaba en exclusión social."No hay baremo que valga. Lo esencial para justificar o no su realojo provisional en viviendas protegidas de titularidad autonómica es la situación de necesidad social que reflejen los informes", afirmó.

La delegada de Vivienda acusó al gobierno municipal de obstaculizar el acceso al informe de las evaluaciones sociales de las familias al registrarlo en la Consejería de Administración Local en vez de Vivienda, y de "tratar de marear la perdiz y crear confusión" al esgrimir que sólo dos de las familias se atienen a su baremo municipal: "Es necesario distinguir entre los procedimientos para la adjudicación de una vivienda protegida y para los realojos temporales y transitorios". Además, recordó que aunque esas familias tuvieran a 300 por delante de ellas, el Ayuntamiento aún tiene 528 viviendas vacías que podría poner a disposición de las numerosas personas que la necesitan y no lo hace, "lo que hace es acrecentar la lista de espera".

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, manifestó este lunes que los resultados de las evaluaciones sociales realizadas por los técnicos municipales sobre las personas desalojadas de la avenida de las Juventudes Musicales, ponen de relieve que sólo dos encajan en el baremo social, y defendió que se trata del resultado del trabajo de "los técnicos sociales del Ayuntamiento, que no son ni de uno ni de otro, sino funcionarios municipales" que trabajan según los criterios profesionales y merced a "las normativas vigentes".

La evaluaciones sociales responden al acuerdo de las administraciones para solucionar el conflicto desencadenado tras los realojos provisionales de los okupas de la Corrala Utopía.