La juez de Mercasevilla también imputa a Ponce en la venta de suelos a Sando

La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al ex director general de Mercasevilla, Daniel Ponce Verdugo, en la rama del caso en la que se investiga la supuesta venta fraudulenta de los terrenos del mercado a Sanma, empresa filial de la constructora Sando. Con él, son ya once personas las imputadas en esta causa. Ponce -que sigue trabajando en Mercasevilla después de que fuera readmitido tras su despido- también figura como imputado en el presunto cobro de comisiones ilegales, la otra rama del caso, que salió a la luz pública después de que los responsables del Grupo La Raza denunciaran que les habían pedido 450.000 euros a cambio de la gestión de una escuela taller de hostelería.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, fechado el 15 de marzo y notificado ayer a las partes, la juez ha citado de nuevo al ex directivo del mercado central de abastos para el próximo 5 de mayo. La decisión de imputar a Daniel Ponce en la venta irregular de los suelos se produce después de que el empresario Antonio Pardal Reyes, socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98, declarara ante la juez que Ponce le ofreció -junto con el director del mercado, Fernando Mellet, también imputado en las dos ramas del caso, y un alto cargo de la Junta- "la concesión de una ITV (Inspección Técnica de Vehículos) que se iba a instalar en los terrenos de Mercasevilla" a cambio de que liquidara el contrato del derecho de superficie que tenía sobre unas parcelas del mercado y pusiera fin a su relación con la empresa.

En esa comparecencia, Pardal expuso que fue presionado para que cediese este derecho sobre los terrenos a cambio de la concesión del mantenimiento de calles y que el entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Marchena, le ofreció participar en los concursos para construir promociones de viviendas protegidas. También explicó que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, le garantizó que "no iba a salir perjudicado" por su salida del mercado central pese a que no había posibilidad de concederle las licencias urbanísticas para la construcción de unas naves industriales previstas en los terrenos de Mercasevilla.

Tras la declaración de Pardal, la juez ha acordado una serie de nuevas pruebas. Entre ellas se encuentra precisamente el requerimiento al dueño de Larena 98 para que aporte en un plazo de cinco días el estudio de viabilidad de la ITV prometida y cualquier otra documentación que acrediten los supuestos ofrecimientos que se le hicieron desde Mercasevilla para que liquidara el contrato sobre el derecho de superficie firmado en octubre del año 2003. La juez pide a Pardal que "aporte cuanta documentación posea sobre las solicitudes de dichas laicencias para la construcción de las naves industrales en los terrenos sobre los que ejercitaba el derecho de superficie", así como le solicita que acredite documentalmente las cantidades abonadas a Mercasevilla en virtud de ese contrato.

La instructora del caso pide a la Policía Judicial que investigue todas las promociones de viviendas que el Ayuntamiento estaba tramitando en las fechas en las que el empresario Pardal mantuvo un encuentro con Manuel Marchena. Además, la juez libra oficia a la Gerencia de Urbanismo para que "remita una copia íntegra de los expedientes tramitados en virtud de las solicitudes de licencias para construcción de naves en las parcelas de Mercasevilla sobre las que ejercitaba el derecho de superficie la entidad Larena 98, interesando al propio tiempo se informe si dichas licencias fueron denegadas, y en este caso el motivo de la denegación, así como si fueron devueltos los depósitos constituidos para su obtención".

Otras pruebas ordenadas por la juez son las historias registrales de las entidades que participaron en el concurso para hacerse con los suelos de Mercasevilla, que ganó Sanma pese a que la oferta de Noga era muy superior económicamente. Además de la filial de Sando, las empresas que participaron en el concurso son Noga, Edamar S. A., Construcciones Juan Robles S. A., Sociedad Azucarera Larios S. A. y Grupo Prasa.

También se ha librado oficio a la Policía Judicial para que aporte las direcciones de correo electrónico a las que hizo referencia el jefe de esta unidad policial en su declaración ante la juez. Además, la juez pide a la Policía que aporte un borrador de un pliego de condiciones distinto al del concurso de la venta de suelos que facilitó la técnico María Victoria Bustamante y al que también se refirió el jefe de la Policía Judicial. La juez ha solicitado también a la entidad Realia Business que remita al juzgado una copia del contenido del sobre C, relativo a la propuesta técnica de esta entidad para participar en el concurso.