Ni recalificación de suelo ni revisión parcial del PGOU. El proyecto para levantar una segunda tienda de Ikea junto al aeropuerto de San Pablo sólo requiere de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, un cambio que estaría amparado por las propias normativas autonómicas, según garantizó ayer el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, quien respondió así a las declaraciones del líder de la oposición, Juan Espadas, en las que cuestionaba que la propuesta de la multinacional sueca se ajustara a la legalidad urbanística vigente.

Maximiliano Vílchez adelantó que el bloqueo de dicho proyecto está "a punto de solucionarse" y negó que se vaya a incumplir la legalidad. "Aquí ni va a haber recalificación ni especulación de suelos, sólo se trata de una modificación puntual amparada por la propia Junta". Según el titular de Urbanismo, la ley andaluza de comercio interior permite ejecutar estas modificaciones para que se puedan instalar grandes superficies comerciales. A ello se añade el cambio que la propia administración autonómica está realizando del capítulo 45 de la Ley Ordenación Urbanística Andaluza (LOUA), que hace referencia a la catalogación de suelo urbano, lo que facilitaría la ejecución del proyecto de Ikea junto al aeródromo hispalense.

Vílchez pidió a Espadas que antes de criticar los planes del gobierno para facilitar la apertura de un centro comercial que genere puestos de trabajo, "se lea la normativa para informarse de que nuestras intenciones no están al margen de la legalidad". No obstante, el propio alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, tranquilizó a la oposición al recordar que "serán los primeros en estar informados de los pasos que se sigan en este proyecto".

El debate sobre el cambio puntual del PGOU para que puedan desarrollarse los planes de la multinacional sueca ha llegado al ámbito regional. El propio presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, pidió ayer en Huelva a la Junta "colaboración institucional leal" para que no se produzca la "parálisis" de proyectos como el que tiene Ikea para la capital andaluza. En este sentido, pidió a la administración autonómica que se ponga "al lado del Ayuntamiento de Sevilla" para que dichos planes tengan viabilidad en el futuro.

La Junta aún no se ha pronunciado sobre este asunto, aunque al tratarse de una modificación puntual -según afirma el gobierno municipal- el proyecto podría seguir adelante sin necesidad de que la administración regional diera su visto bueno, ya que sólo se encargaría de verificar el procedimiento. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, ha sido, por ahora, el único en alertar de que el proyecto de Ikea "no es ajustado a derecho y está al margen de la legalidad".