Tintes a 5 euros, cortes al mismo precio, tratamientos de keratina a 10 o bótox capilar a 25, pero mano de obra barata y bajo la sospecha de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo. Una cuestión, ésta última, que fue destapada este miércoles y que ha puesto en el candelero el funcionamiento de las peluquerías Low Cost, tan popularmente conocidas desde su nacimiento hace cinco años.

Las ofertas antes descritas han logrado que estas peluquerías de bajo coste se hayan abierto camino en muy poco tiempo en un mundo que se empezó a poner muy cuesta arriba por la subida del IVA para los peluqueros en el año 2012. El 1 de septiembre de ese año entró en vigor la subida de tipos de este impuesto, siendo este gremio uno de los más perjudicados al pasar el general del 18% al 21% y el reducido, del 8% al 10%. Esto ha llevado a muchos peluqueros a verse obligados a cerrar su negocio desde entonces o a adaptar sus precios a la nueva realidad.

¿Pudo ser esta cuestión la que empujó al nacimiento de estas peluquerías low cost? La verdad es que esta cadena nació sólo un año después de esta subida del IVA, en 2013, con unos precios sin competencia y a día de hoy cuenta ya con 600 franquicias operativas en toda España -16 en la provincia de Sevilla- e incluso ha comenzado un proceso de expansión internacional concediendo nuevas franquicias en Portugal e Italia, según recoge la web oficial de la cadena.

La repercusión que esta cadena ha logrado alcanzar entre la ciudadanía y en el sector económico en tan poco tiempo les ha llevado incluso a ser distinguida este mismo año, sólo un lustro después de su nacimiento, con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, que concede la Asociación Europea de Economía y Competitividad y que reconocía el éxito cosechado por la cadena en su rápida expansión por España y Europa.

Un fraude a la Seguridad Social de 3 millones

Pero... ¿cuáles son las claves del éxito de estas peluquerías ahora investigadas por la Inspección del Trabajo? Tal y como la propia cadena informa en su web se trata de una empresa que ofrece formación continua a sus trabajadores. Unos contratos formativos que son precisamente por los que ahora está siendo investigada esta cadena. 

Según informó este miércoles la Policía Nacional, hasta 37 personas han sido detenidas en la provincia de Sevilla por su presunta implicación en un fraude superior a los 3.000.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La Policía señala que los empresarios de este negocio de peluquerías de bajo coste han obteniendo presuntamente de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de la Seguridad Social con falsos contratos deformación. La investigación entiende que la finalidad era lucrarse y beneficiarse de los incentivos y bonificaciones de la modalidad contractual de formación y aprendizaje, así como del pago de salarios inferiores a convenio, obteniendo mano de obra ordinaria a menor coste.

No obstante, la pregunta ahora es... ¿qué papel jugaban los propios contratados? Los franquiciados de esta cadena se han unido en torno a una plataforma y, representados por una abogada, afirman que "desconocían" si los trabajadores cumplían o no los requisitos para su contratación a través de este formato. Además, explican que no han percibido las bonificaciones de los cursos puesto que "los propietarios de la franquicia con los certificados digitales de los franquiciados pusieron sus propias cuantas bancarias".

"Los franquiciados han sido los mayores perjudicados en este fraude"

A través de un comunicado, la citada plataforma asegura que el presunto fraude se destapa después de que dos de los franquiciados interpusieran una denuncia contra el franquiciador hace dos años y, posteriormente, la plataforma de afectados hiciera lo propio en agosto. Asimismo, aclara que la modalidad de los contratos en formación es legal y advierte de que los franquiciados "no eran conocedores del fraude" cometido con ellos.

"Eran los propietarios de la franquicia quienes les obligaban, al firmar el contrato de franquicia de peluquería, a contratar con la empresa de asesoría laboral y fiscal, así como con la academia de formación que ellos les imponían. Aunque esta academia indicaba en sus establecimientos estar homologada por la Junta de Andalucía, posteriormente se ha sabido que no estaba", afirma, matizando que ambas empresas eran de los mismos propietarios de la franquicia.

Igualmente, incide en que, al firmar las condiciones de la franquicia, los franquiciados "debían delegar en los dueños de las peluquerías Low Cost todo lo que respecta a la contratación y formación de los empleados". Esto se producía "hasta el punto de que los trabajadores seleccionados eran impuestos a los franquiciados, sin que éstos pudieran escogerlos, ni conocer si cumplían o no los requisitos para el contrato de formación, confiando en la gestión de la franquiciadora para tal fin, al no tener posibilidad de contratar otra asesoría durante la vigencia del contrato de franquicia", añade.

Según advierte, "si bien es cierto que gracias a la modalidad de los contratos en formación los seguros sociales de los trabajadores estaban bonificados, no implica por ello que los franquiciadores se lucraran fraudulentamente, puesto que dichos contratos son legales y ellos desconocían que se realizaran en fraude de ley". Así, subraya que, "lejos de lucrarse, los franquiciados han sido los mayores perjudicados en este fraude". 

La Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost SL, propietaria de la marca y cadena de franquicias, ha dejado claro que las personas que están siendo investigadas son "ex franquiciados de la marca que en la actualidad no tienen relación de ningún tipo con la misma".