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El debate eterno del sufragio universal en la US

Entrada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Entrada principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / D. S.

El modo de elegir al rector en la Universidad de Sevilla (US) se ha convertido en un eterno debate que no se da por cerrado. Raro es el curso en el que los partidarios del actual sistema para votar al máximo representante de la institución académica –sufragio indirecto a través del claustro– y los que exigen que se instaure el mismo procedimiento que en el resto de universidades españolas –sufragio universal ponderado– no saquen a la palestra este asunto que ha protagonizado numerosos titulares las dos últimas décadas.

En muchas ocasiones dicha polémica la han propiciado las leyes universitarias que han aprobado los distintos Gobiernos de España. Así ha ocurrido recientemente, cuando la LOSU (conocida como ley Castells), en el borrador de su anteproyecto, obliga a instaurar el sufragio universal ponderado en todas las universidades, una indicación, como tantas otras, a las que se ha opuesto el rector de la US, Miguel Ángel Castro, al entender que supone un atropello a la autonomía universitaria.

No debe olvidarse que la Hispalense es la única universidad pública española donde se mantiene el sufragio indirecto, ya que la votación recae exclusivamente en los 300 integrantes que conforman el claustro, para el que el anteproyecto de la LOSU también prevé una considerable reducción.

Ante tal indicación, el rector de la US pretende lograr un respaldo de decanos y directores de centros para que –en defensa de la autonomía universitaria– la reforma estatal no obligue, entre otras modificaciones, a establecer el sufragio universal ponderado. Por ahora, se ha encontrado con la oposición del decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, quien ha hecho público un escrito en el que, en nombre de la facultad de la que es responsable, muestra su apoyo “inequívoco” al sufragio universal.

Último debate, en 2016

La última vez que se debatió en la US el tipo de elección fue en la primavera de 2016, un proceso abierto por el actual rector, que concluyó con un periodo de votación y una sesión claustral en la que el sufragio indirecto salió vencedor. Desde entonces, el máximo dirigente de la Hispalense ha defendido que este debate está zanjado, pero lo cierto es que la ley Castells lo ha resucitado, como ya ocurrió con las anteriores reformas universitarias.

De hecho, fue la ley aprobada por el Gobierno de Aznar la que obligó a esta institución académica a celebrar elecciones mediante sufragio universal ponderado en abril de 2004. Las únicas que han adoptado este sistema de voto en la historia de la Hispalense. En aquella ocasión se enfrentaron en las urnas el entonces rector, Miguel Florencio, y el Manuel Ramón Alarcón. Florencio salió triunfador y en 2007, ya con la reforma del Gobierno de Zapatero, volvió a implantar el sufragio indirecto, a través del claustro, sistema que se ha mantenido hasta ahora. Descartó una “consulta global” que pedían 400 miembros de la comunidad universitaria al entender que no era un procedimiento “legal”.

Un lustro después volvería a repetirse esta situación, ya con Antonio Ramírez de Arellano de rector. Dos asociaciones docentes recogieron casi 2.000 firmas de apoyo a un manifiesto en el que pedían que se volviera al artículo 19 del estatuto de la US, que permitía el sufragio universal para elegir al máximo representante de la universidad. Arellano, en vísperas de unas elecciones en las que se presentaba en solitario, no lo consideró una propuesta “prioritaria” en aquellas fechas y apostó por “la estabilidad normativa”.

Tras el proceso mencionado de la primavera de 2016 –en el que se llegó a cuestionar el voto anticipado y el formato de papeleta que se depositaba en la urna–, en 2020, poco antes de que estallara la pandemia, el profesor de la Facultad de Química, Víctor Manuel Molina, presentó a las elecciones a rector una candidatura protesta (sin validez al no ser catedrático) en la que reclamaba el sufragio universal. Un debate que la ley Castells ha abierto de nuevo y a la que los oponentes al voto indirecto se aferran para no darse por vencidos. Miguel Ángel Castro ha dado ya sus pasos para evitar cualquier alteración.