La asociación Foro Taxi Libre pondrá esta semana en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla los ataques a taxistas ocurridos en el aeropuerto de San Pablo en las últimas semanas. Al menos cuatro vehículos han sufrido pinchazos en sus ruedas y arañazos en la terminal, en un gesto que la mayoría de taxistas consideran un boicot por parte de sus compañeros que prestan servicio en el aeropuerto.

El presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, aseguró este lunes que con la denuncia ante la Fiscalía pretende "recuperar la seguridad y la libertad en la prestación del servicio". En declaraciones a Europa Press, el representante de esta asociación de taxistas lamentó la "desviación de poder" supuestamente establecida por el Ayuntamiento, ya que al no haber turnos se "favorece", a su juicio, a los profesionales que desempeñan su labor en esta ubicación.

Para Martín Caparrós, supone una "incongruencia" el hecho de no propiciar la rotación en el aeródromo y, en cambio, establecer una tasa de parada por la ocupación de la vía pública, un hecho contra el cual la asociación que preside ya ha alegado, así como también recoge firmas y prepara un recurso contencioso-administrativo. La semana pasada, esta asociación solicitó la dimisión del director general de Movilidad, Enrique Medina, a quien responsabiliza de los problemas registrados en el aeropuerto.

El Ayuntamiento intentó arreglar el conflicto reforzando la presencia policial en la terminal, con controles a los taxistas, a los que se requería la documentación y se comprobaba que llevaban los permisos en regla. Sin embargo, este lunes la Policía no permitió a un taxista que tenía un servicio concertado previamente que recogiera a sus clientes en el aeropuerto. Según la Policía, el taxista no llevaba encima el contrato efectuado con el cliente y sólo disponía del e-mail con el que se había realizado la contratación.

Para los taxistas consultados por este periódico, con una petición de servicio es suficiente según la ley 11/85 y en los demás aeropuertos andaluces se puede recoger a cualquier cliente mostrando el correo electrónico con el que se haya pactado el servicio. Sin embargo, la Policía impidió recoger a los clientes en base a una normativa urbana.