Un alto cargo de la Junta contradice al alcalde sobre el caso Mercasevilla

Un alto cargo de la Junta de Andalucía contradice la versión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, sobre cuándo tuvo conocimiento el regidor del presunto intento de cobro de una comisión ilegal en Mercasevilla. El ex director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo, aseguró ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde compareció en calidad de testigo -y por tanto con la obligación de decir la verdad- que en una reunión que mantuvo con el alcalde en su despacho el pasado 4 de febrero le informó de la exigencia del pago de 300.000 euros realizada a dos empresarios de La Raza a cambio de la gestión del proyecto de una escuela de hostelería en la Fundación Mercasevilla que ya había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta.

El testimonio de Juan Gallo discrepa en, al menos, varios aspectos de la versión ofrecida por el alcalde en una carta remitida a la Policía Judicial el 25 de febrero, cuando ya la Fiscalía había abierto unas diligencias de investigación sobre el caso. Para empezar, el ex alto cargo de la Administración autonómica sostiene que en la reunión con el alcalde, a principios de febrero, le comentó que existía "una grabación", la que realizaron los dos empresarios y que acreditaba el presunto intento de cohecho. El testigo añadió que no escucharon la cinta "porque no la llevaba" encima.

En la misiva remitida por Alfredo Sánchez Monteseirín a la Policía Judicial, el alcalde afirma que el 4 de febrero fue informado por Juan Gallo de que se habían realizado "comentarios de gravedad cierta" en las conversaciones que mantuvieron los directivos de Mercasevilla con los empresarios hosteleros del grupo La Raza.

Según esa misma carta del alcalde, como a su juicio existían "dudas más que razonables" sobre el comportamiento de los directivos, tomó de forma preventiva la decisión de suspender el consejo de administración de Mercasevilla previsto para el 6 de febrero, "hasta no corroborar la información recibida".

Monteseirín sostiene asimismo que no fue hasta el 12 de febrero -ocho días después de lo que asegura el ex alto cargo de Presidencia- cuando la Junta le hace saber que tiene la "certeza" de que se han producido esos comentarios "pues dispone de una cinta grabada". Es en ese momento, según Monteseirín, cuando considera que tenía "motivo suficiente" para proponer a la junta general de accionistas el cese inmediato de los dos directivos cuestionados.

La segunda discrepancia evidente entre el testimonio de Juan Gallo y la versión facilitada por el alcalde a la Policía Judicial se refiere precisamente a los directivos de Mercasevilla que supuestamente exigieron la comisión ilegal a los hosteleros. Así, mientras que Juan Gallo señaló que en su encuentro con el alcalde "no hablaron de las personas que intervienen en las conversaciones", en la carta remitida a la Policía Monteseirín nombra expresamente al entonces director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al director adjunto, Daniel Ponce, como las personas que realizaron esos comentarios a los empresarios de hostelería -a los que no cita con sus nombres-.

Juan Gallo insistió en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que en la reunión en el despacho del Ayuntamiento "sólo le comenta [al alcalde] que son directivos de Mercasevilla, pero no le comenta nombres ni el alcalde se lo preguntó".

El ex alto cargo de la Junta añadió que Monteseirín "no le hizo ningún comentario" cuando le contó lo que había sucedido ni le pidió la grabación con el presunto cohecho. Juan Gallo rechazó que informara "en primer lugar" al alcalde que al viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá.

El ex alto cargo de la Junta reconoció que fue la primera persona a la que los hosteleros acudieron para informarle de las supuestas irregularidades, dado que era amigo de uno de ellos con el que coincidía en el campo del Betis.

Juan Gallo dijo que fue a mediados de enero pasado cuando tuvo conocimiento del intento de cobro de la comisión ilegal y que recibió la grabación en un CD el 28 de enero -la reunión entre los hoteleros y los directivos de Mercasevilla tuvo lugar un día antes-.

El testigo dice que, una vez que tuvo en su poder la cinta, informó al gabinete jurídico de la Junta, cuyo director le aconsejó que entregase la grabación a la consejería de Empleo para que ésta se encargara a su vez de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Gallo entregó el CD al viceconsejero de Empleo el 13 de febrero, pero no fue hasta el día 16 cuando se presentó en el registro general de la Fiscalía la denuncia y se aportó la grabación. La fiscal jefe, María José Segarra, ordenó al día siguiente -17 de febrero- la incoación de unas diligencias de investigación, pero desde que Gallo tuvo en su poder la grabación, pasaron 20 días hasta que el Ministerio Público fue informado de las presuntas irregularidades.

La juez ha dado por concluida la investigación de esta causa y ha convocado el día 23 una vista que prevé la ley del jurado para concretar la imputación y a la que comparecerán los cuatro imputados: Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira y Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo.