Un daño que no puede reparar una sentencia

La Audiencia de Sevilla absolvió esta semana al ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), el inspector jefe Francisco T. P., que estaba acusado de omisión del deber de perseguir delitos por favorecer a un clan de narcotraficantes conocido como Los Barriga. La sentencia de la Audiencia de Sevilla es rotunda a la hora de afirmar que no existe la menor prueba de que el ex responsable de esta unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico de alto nivel haya cometido ningún delito, lo que prácticamente cierra la posibilidad a que la Fiscalía de Sevilla -que inicialmente pedía una inhabilitación de dos años para el funcionario y tras el juicio la redujo a un año- pueda plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Pero esta sentencia no es suficiente para restaurar el prestigio profesional de una unidad que en su día realizó importantes servicios en la lucha contra el narcotráfico y que fue desmantelada hace tres años a raíz del escándalo por el robo de 150 kilos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Blas Infante donde se custodiaban las sustancias estupefacientes intervenidas en las distintas operaciones policiales.

La propia sentencia de la Sección Primera hace referencia a la sustracción para tratar de explicar el procesamiento del inspector jefe. "Lo que ha sucedido en este lamentable caso es, sencillamente, que otros acontecimientos realmente graves ocurridos en nuestra ciudad han arrastrado la situación a un entorno por completo impensable, y que incluso pudo ir aún más allá en su desproporción si recordamos que en su día llegó a solicitarse en forma el procesamiento del funcionario señor Tarifa por la comisión de un delito contra la salud pública".

La Fiscalía consideraba que el ex jefe de la Udyco había estado consintiendo que el clan de Los Barriga se dedicara al tráfico de drogas porque estas personas colaboraban con él, facilitándole información. El razonamiento del Ministerio Público partía de que los confidentes colaboran con la Policía porque reciben algo a cambio, ya sea dinero, drogas o haciendo la vista gorda a sus actividades delictivas.

El magistrado Joaquín Sánchez Ugena, presidente de la Sección Primera de la Audiencia y ponente de la sentencia, explica que es posible admitir como algo "razonable" que el funcionario policial pudiera hacerle algún favor a Los Barriga, pero aclara que esto "no tiene por qué ser ilícito y menos aún delictivo". Y lo explica con lo que se conoce en la práctica policial como el tunanteo con los colaboradores. "Lo que resultaría de todo punto inusual, insólito, nada verosímil y absolutamente estéril sería lo contrario: que el jefe de una unidad policial como la que dirigía Tarifa no tuviera sus propios informadores, no tratara de ganarse la confianza de éstos para aprovechar sus servicios, no tuviera, en suma, una red de confidentes sin cuya ayuda los resultados de su trabajo no serían los mismos".

El magistrado señala que este es el "modus operandi habitual" de la Policía y de la Guardia Civil, sin que este proceder "dé pie a pensar que el funcionario ampare o permita la impunidad del delincuente", algo que, añade el juez, es conocido por los superiores jerárquicos de los funcionarios, "y por los jueces y fiscales".

La sentencia critica la postura de la Fiscalía en este procedimiento, al entender que la acusación contra el inspector jefe es "sencillamente insostenible" y carece "del más elemental soporte probatorio". Así, la resolución recuerda que la única prueba contra el inspector jefe se deriva de la actitud que mostró el matrimonio de Los Barriga cuando en enero de 2009 se procedió al registro de su domicilio de San Juan de Aznalfarache, donde la unidad de Asuntos Internos que había venido a investigar el robo de la droga, aseguró que se había establecido un auténtico "supermercado" de la droga, que operaba impunemente a plena luz del día, con las puertas abiertas y con numerosos consumidores haciendo cola para comprar droga. En el registro de la vivienda, en el que sólo se hallaron ocho gramos de cocaína y una pequeña cantidad de hachís y marihuana -lo que descarta en principio que fuese un gran punto de venta de estupefacientes-, los Barriga explicaron a los policías de Asuntos Internos que eran "amigos de Paco" y mostraron su "extrañeza" por el registro policial, además de mostrar a estos policías que tenían el teléfono del jefe de la Udyco en las agendas de sus móviles.

Ésas eran las únicas pruebas contra Francisco T. P., lo que lleva a la Audiencia a aseverar que no hay "la menor evidencia" de que el jefe de la Udyco "amparara, protegiera o informara a los dos acusados, ni que tolerara las actividades delictivas que éstos pudieran realizar, y ni mucho menos que interfiriera para que lograran la impunidad en tales actividades". Para el tribunal, lo único que está acreditado es que los dos detenidos "eran desde bastante tiempo atrás informadores del jefe del grupo, entre la gran cantidad de informadores que de alguna forma ayudan a la Policía y en especial en la persecución de delitos contra la salud pública".

La sentencia concluye que "ninguno" de los testigos de cargo, en alusión a los agentes de Asuntos Internos, ha ido más allá del punto al que llegó la secretaria judicial, cuando recogió en el acta las manifestaciones realizadas por el matrimonio detenido, y "ninguno" de los testigos ha sugerido que Francisco T. P. "amparara, protegiera o hiciera la vista gorda ante los Vargas, Los Barriga ni ante ningún trasgresor de la ley".

La absolución del ex jefe de la Uydco plantea ahora nuevos interrogantes, puesto que sigue imputado en otra causa judicial por un supuesto encubrimiento del robo la droga en Jefatura, por haber mantenido una especie de investigación paralela sin informar a sus superiores o a la juez que conocía el caso. Y habrá que ver si en este caso las acusaciones tienen la misma consistencia y la postura que adoptará la Fiscalía.