Más de 300 enfermos mentales graves en Sevilla carecen de la asistencia médica y social que requieren, una situación que los condena a ellos y a sus familias a la precariedad y a un riesgo permanente. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advierte del agravamiento de estos pacientes debido a los continuos recortes en recursos sociales, concretamente en la Ley de la Dependencia, y en el servicio público de salud. En su informe La Situación delos Enfermos Mentales en Andalucía que ayer entregó en el Parlamento, Chamizo da la voz de alarma sobre la situación de estas familias que se sienten desamparadas ante la falta de asistencia adecuada por parte del Servicio Andaluz de Salud y de Bienestar Social.

"Mi hermano sufre trastorno mental grave y ha vuelto a sufrir una crisis. Mi madre es maltratada por mi hermano. Hoy recibe el alta en la unidad de agudos. Es un enfermo, él no tiene la culpa, pero tenemos miedo de que haga algo a mi madre o a cualquier otro". Con este testimonio, Chamizo inició ayer la presentación del análisis sobre las deficiencias del sistema para dar respuesta a estas situaciones. Y continuó con otro caso protagonizado por una anciana: "Tengo 80 años y vivo en una residencia de mayores. Mi hija se fue de casa y la encontraron en la calle, descalza y desvalida. La ingresaron otra vez en la unidad de agudos. Mi hija es una persona estupenda cuando toma el tratamiento; pero cuando lo deja se vuelve violenta". A través de la desesperación de estas personas que acuden al Defensor del Pueblo para buscar una salida a situaciones insostenibles, José Chamizo critica la atención que actualmente presta el sistema a estos enfermos y reclama soluciones al Parlamento.

La salud mental, reconocida como la Cenicienta en los servicios públicos de salud, arrastra décadas de deficiencias en recursos y en personal. La reforma psiquiátrica de los año 80 permitió el cierre de los manicomios, instalaciones aberrantes según la psiquiatría moderna. "La reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado", señala Chamizo. Pero los problemas en esta asistencia sanitaria comenzaron a enquistarse por la falta de dotación de recursos suficientes, tanto de especialistas como de instalaciones, capaces de resolver los problemas más graves. Los recortes y la crisis empeoran aún más estas carencias que arrastra la salud mental.

El itinerario para estos enfermos es casi siempre el mismo: Cuando sufren un brote psicótico ingresan en las unidades de agudos de los hospitales, donde, tras una corta estancia, se estabilizan y reciben el alta. Pero no es suficiente. "Necesitan más comunidades terapéuticas donde permanezcan estancias más largas", incide el Defensor del Pueblo Andaluz. El informe de esta oficina es tajante al respecto: "Resulta crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios, el incremento del número de comunidades terapéuticas (elemento fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados) y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización". En la falta de recursos, esta oficina destaca la insuficiencia de "hospitales o centros de día, talleres, programas de prevención y promoción de la salud y rehabilitación, comunidades terapéuticas, pisos protegidos o viviendas tuteladas, centros ocupacionales, etcétera". Asimismo, este estudio califica de "preocupante" las demoras o incluso la paralización en el reconocimiento y aprobación de los expedientes para que estas familias puedan acceder a las ayudas que prevé la Ley de la Dependencia. El alto grado de estigmatización que dificulta gravemente la integración de estas personas así como la "insuficiencia" de programas de atención que contemplen una dimensión integral y multidisciplinar de la personas son otras de las carencias detectadas por el Defensor del Pueblo Andaluz.