El Gobierno señala a Sevilla como la localidad de España con más pisos turísticos ilegales
La capital hispalense es el municipio donde hay más alojamientos que no cumplen los requisitos, con 2.289; la provincia de Málaga en la que más licencias de viviendas vacacionales se han revocado, con un total de 8.014
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Sevilla se ha convertido en la ciudad española con más pisos turísticos ilegales detectados, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En total, en la capital andaluza se han contabilizado 2.289 alojamientos que funcionaban al margen de la normativa, lo que la sitúa por delante de destinos turísticos de gran peso como Marbella (1.802), Málaga (1.471), Benalmádena (926) o Fuengirola (686).
El informe, publicado en el marco de la Ventanilla Digital de Arrendamientos de Andalucía, sitúa a la comunidad autónoma como la que concentra mayor volumen de irregularidades en España: 16.740 pisos turísticos ilegales. Esta cifra no sólo revela la magnitud del problema en el Sur de España, sino también el reto al que se enfrentan las administraciones públicas para controlar un fenómeno que impacta de lleno en el acceso a la vivienda y en el equilibrio de los barrios más tensionados.
Sevilla, a la cabeza del ranking nacional
El desglose de los datos deja claro que Sevilla capital lidera el listado de municipios con más solicitudes de registro revocadas. Esto significa que miles de viviendas que operaban como alojamientos turísticos no cumplían los requisitos legales, como la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, las condiciones mínimas de habitabilidad o las garantías de seguridad para los huéspedes.
En el ámbito provincial, Sevilla supera ampliamente a otras capitales andaluzas con una fuerte presión turística. Málaga, con 1.471 casos, y Granada, con 620, se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente en este ranking de irregularidades.
Un problema de toda Andalucía
El fenómeno de los pisos turísticos ilegales no se limita a las grandes capitales. El informe recoge que municipios de la Costa del Sol como Marbella, Benalmádena o Fuengirola acumulan cientos de pisos turísticos sin licencia. Estas localidades, altamente dependientes del turismo, se han visto especialmente afectadas por la proliferación de plataformas digitales que facilitan la oferta de alojamientos sin cumplir la normativa vigente.
De hecho, Málaga es con mucha diferencia la provincia andaluza en la que más apartamentos turísticos ilegales hay según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Según el Ministerio, 8.014 pisos turísticos ilegales hay en la provincia malagueña, mientras que en la gaditana hay 2.849 y en la provincia sevillana son 2.533.
El Ministerio subraya que el objetivo de esta campaña de control es garantizar la transparencia y la legalidad en el mercado del alquiler turístico, así como proteger tanto a los viajeros como a los vecinos que sufren las consecuencias de la masificación y la presión sobre la vivienda residencial.
Impacto social y económico
El auge de los pisos turísticos ilegales no es un asunto menor. La falta de control sobre este tipo de alojamientos repercute directamente en el precio de los alquileres de larga duración, expulsa a residentes de los barrios más demandados y genera tensiones en la convivencia vecinal. Además, priva a las arcas públicas de los ingresos derivados de impuestos y licencias.
Sevilla, que ha experimentado en la última década un crecimiento sin precedentes en el número de visitantes, es un claro ejemplo de los riesgos asociados a un turismo desregulado. Los datos del Ministerio reflejan la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de inspección y sanción, además de coordinar políticas entre las distintas administraciones.
Un reto pendiente
Con 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía, siendo la comunidad en la que hay más viviendas vacaciones ilegales de España con casi el doble que Canarias, segunda comunicad autónoma más afectada, y Sevilla liderando la lista nacional, la cuestión ya no es solo turística, sino social. El desafío pasa por encontrar un equilibrio entre mantener la vitalidad económica que aporta el turismo y garantizar el derecho a una vivienda digna para los residentes.
Comunidades como Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, la Comunidad de Maadrid y la Región de Murcia también superan ampliamente las 1.000 viviendas turísticas ilegales.
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