El hijo de una dependiente sevillana de 101 años: "Mi madre no puede esperar dos años una valoración"

La ley de Dependencia continúa enfrentándose a importantes desafíos en su aplicación práctica, incluso, en sus casos más extremos. La historia de la sevillana Petra Martínez es un ejemplo. A sus 101 años, con grado 3 de dependencia (el máximo nivel), recibe sólo 45 horas mensuales de atención a domicilio "cuando por normativa le corresponderían 96".

Quien lo denuncia es su hijo, un jubilado de 75 años que vive entregado al cuidado de la mujer. Lamenta los obstáculos burocráticos y la lentitud administrativa que agravan la situación de los cuidadores familiares, obligados a complementar con recursos propios las carencias del sistema público.

"Yo llevo ya luchando media vida con esto", explica José Damián García-Mauricio Martínez, quien vive en Valencina de la Concepción junto a su esposa de 70 años y su madre centenaria. La familia solicitó en febrero una revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y la concesión de una plaza de residencia permanente. Sin embargo, la respuesta de la administración ha sido desalentadora: "Me dicen que como ya está recibiendo una asistencia, aunque sea mínima, que esta revisión va a tardar, por lo menos, entre seis meses y dos años", asegura.

Un sistema bloqueado por la burocracia

La situación descrita por José Damián refleja una problemática generalizada en el sistema español de dependencia. Según explica, al solicitar un cambio en la prestación actual, "la Administración lo paraliza todo". Explica que esta paralización supone que, mientras se tramita la nueva solicitud, el dependiente sigue recibiendo únicamente los servicios concedidos anteriormente, sin actualizarlos a su estado actual, algo especialmente grave cuando se trata de personas centenarias cuyo deterioro se acelera con el paso del tiempo.

"No es lo mismo una persona con 80 años, que con 101. Mi madre no puede esperar dos años", subraya el hijo, quien se pregunta indignado "si es necesario valorar a una persona que supera los cien años". Denuncia que la Junta de Andalucía "no aplica correctamente" el decreto que regula las horas de atención que corresponden a los grandes dependientes. En su caso, la diferencia es sustancial. "Son tres cuartos de la mañana y tres cuartos de la tarde, que hacen un total de 45 horas mensuales de atención domiciliaria cuando deberían ser 96 según la normativa vigente, lo que supone menos de la mitad del tiempo de cuidado al que tienen derecho", explica.

El laberinto administrativo

Otro de los aspectos que denuncia este cuidador es la dificultad para obtener información y resolver trámites. "Llamas por teléfono, no te atienden, te desvían...", explica, describiendo un sistema que parece diseñado para desalentar a los solicitantes. "Hay un teléfono de atención al dependiente que es bochornoso. La última vez que llamé, marqué la opción para ayudas de dependencia y me salió otro contestador diciéndome que llamara a mi Ayuntamiento", lamenta.

Este peregrinar administrativo entre distintas instituciones genera un "desgaste" adicional en familias que ya están soportando una importante carga física, emocional y económica por los cuidados que proporcionan. "Voy al Ayuntamiento y me dicen que llame a la Junta. Es iuna falta de coordinación entre administraciones que no hace más que multiplicar los obstáculos para acceder a derechos reconocidos por ley", apostilla.

La insuficiencia de las prestaciones públicas está generando, además, un mercado paralelo de cuidados. "Como necesitamos más ayuda de la que nos dan, las familias tenemos que suplirlo a base de pagar de nuestro bolsillo", lamenta. "No yo, sino casi todo el mundo que está dentro de esa situación", sentencia.

La espera roza los 600 días

El sindicato CCOO denuncia que "33 personas fallecen diariamente esperando prestaciones en Andalucía" y califica la gestión autonómica de la Ley de Dependencia de "nefasta", mientras reclama "mayor inversión pública en servicios para mayores". Según el Observatorio Social de las Personas Mayores de 2024 elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación Primero de Mayo y la secretaría de Política Social, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor tiempo de espera para acceder a las prestaciones de dependencia, alcanzando los 579 días de media frente a los 180 días que establece la ley como máximo.

Ángel Gómez, secretario general del sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla, ha alertado sobre el riesgo en que se encuentra el sistema y ha reclamado un plan de acción coordinado entre las distintas administraciones, afirmando que sin este impulso "esto no hay quien lo arregle".

El informe ofrece una radiografía anual de la situación del 20% de la población española y sitúa a Andalucía entre las comunidades con peores indicadores para un envejecimiento activo y saludable, con una esperanza de vida que solo supera a Ceuta y Melilla. Nuria López, secretaria general de CCOO de Andalucía, califica la gestión del Gobierno andaluz como "nefasta" y critica especialmente el decreto de simplificación administrativa, al que ha denominado "decreto de la vergüenza" por considerar que "está convirtiendo a Andalucía en territorio hostil para las personas mayores".

El sindicato defiende que los derechos de las personas mayores deben protegerse desde lo público y ha manifestado su oposición a que "nadie haga caja con ellos convirtiéndolos en un negocio". López ha destacado la paradoja de que, mientras el Gobierno central ha aumentado la financiación en un 56% desde 2019, la situación en Andalucía continúa deteriorándose.