El informe del Estado da una de cal y otra de arena a la Torre Cajasol

El informe impulsado por el Ministerio de Cultura para analizar el impacto en la ciudad de la Torre Cajasol da una de cal y otra de arena a este proyecto de levantar un rascacielos en el extremo sur de la Isla de la Cartuja. Si por una parte avala en sus conclusiones la legalidad del edificio y minimiza el impacto visual directo en el triángulo formado por la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar, por otra denuncia una afección negativa en el paisaje tradicional del casco antiguo de una ciudad compuesta por edificios bajos.

El texto firmado por cinco expertos nombrados por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla indica que "no hay afección visual directa desde el entorno peatonal inmediato a los edificios declarados Bienes de Patrimonio Mundial por la Unesco en 1987 (Catedral, Archivo de Indias y Real Alcázar)". Asimismo, concluye que el proyecto diseñado por el arquitecto César Pelli "supone una marca excesiva, indudablemente negativa, sobre un territorio de transición que demanda una escala y configuración más atenta al diálogo con la ciudad histórica".

Por otra parte, en sus conclusiones, los expertos Javier Rivera Blanco (Ministerio), Juan Miguel Hernández de León (Ministerio), Carlos García Vázquez (Ministerio), Pablo Diáñez (Junta) y Jaime Montaner (Ayuntamiento) entienden que el proceso urbanístico aplicado en la concesión de la licencia de obras de la Torre Cajasol, se ha ajustado a la normativa contenida tanto en el PGOU de 2006 como en el Plan Especial ARI-DT-10 Puerto de Triana de la Zona Sur de la Cartuja, en contra de lo que afirmaban algunos de los detractores del proyecto.

Para la comisión, tampoco se han vulnerado las leyes de defensa del patrimonio español y andaluz. "El proceso de redacción y aprobación del planeamiento se ajusta a la legalidad vigente pues se produce con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y de la ratificación por España en 2008 del Convenio Europeo del Paisaje".

En sus conclusiones, los expertos llegan, incluso, a darle un tirón de orejas a la Unesco al afirmar que se debería articular un "protocolo de intervención más preventivo por parte de la Unesco" para que no se "provoquen situaciones de inseguridad jurídica para los promotores" tanto público como privados. Según el texto, esto significa que las objeciones deben realizarse por parte de la Unesco "en la fase de planeamiento urbanístico" y no cuando ya se ha puesto en marcha un proyecto de esta magnitud.

Los técnicos reconocen que "el encuentro con la modernidad comporta riesgos de todo tipo, si bien el que más suele alarmar a la sociedad es el impacto visual". Con una redacción un tanto enrevesada, los firmantes denuncian la existencia de una polémica basada en "opiniones no fundamentadas" y avisan de los peligros de la "musealización". "La ciudad europea nunca ha sido un ente cerrado". La Comisión rehúye tomar partido en el debate de la paralización o no del edificio.