La ley Celaá no frena a los colegios concertados de Sevilla: el 90% pide renovar las plazas

La polémica ley Celaá no frena el ánimo de los colegios concertados de Sevilla a la hora renovar las plazas que entran en la oferta pública de la Junta de Andalucía. El 90% de estos centros ha presentado la solicitud para continuar con el acuerdo en el plazo establecido por la Consejería de Educación y Deporte, según ha precisado este martes la delegada territorial del ramo, María José Eslava. En concreto, son 123 colegios los que han enviado dicha solicitud, que el próximo viernes se estudiará en la comisión creada al efecto, cuya resolución estará lista el 17 de febrero, 11 días antes de que comience el proceso de escolarización.

Eslava prevé que el 100% de los concertados presentará dicha solicitud. Ahora bien, aún está en el aire qué repuesta se le dará a dichas peticiones, si se tiene en cuenta que la Lomloe entró en vigor hace escasas semanas y que entre uno de sus apartados más polémicos se encuentra el de denominar como subsidiaria la enseñanza concertada, con lo que ello supone a la hora de planificar la oferta educativa.

"Los colegios no dejan de llamar todos los días para preguntarnos por esa cuestión", admite la delgada territorial de Educación, que no se atreve a garantizar al 100% que todos los conciertos puedan renovarse. "Será la comisión creada al efecto la que lo decida", destaca Eslava, quien asegura que el consejero (Javier Imbroda) está haciendo "auténticos encajes de bolillos" para que la reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas provoque incidencia en este proceso y los concertados no se vean perjudicados. "Intentaremos que tenga el menor impacto posible", ha aseverado.

Subsidaria y no complementaria

Al considerar a este tipo de enseñanza subsidiaria de la pública y no complementaria -como ocurría hasta ahora-, en una situación de bajada de la natalidad (circunstancia actual), si en un distrito educativo hay que cerrar unidades por falta de alumnos, la primera en sacrificarse será la concertada, aunque registre mucha más demanda de escolarización que la pública.

Tanto el consejero Javier Imbroda como la ministra de Educación, Isabel Celaá, han querido eludir lo que ocurrirá cuando acabe este proceso de renovación y si la entrada en vigor de la Lomloe modificará la oferta educativa que se presente en marzo. Imbroda insistió la semana pasada en que las familias podrán seguir optando a colegios públicos y concertados en aquellos municipios donde fuera posible, por lo que la demanda social que pone en entredicho la nueva ley quedaría garantiza.

Celaá, por su parte, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la concertada. Argumentó, para no entrar en polémica, que lo que el Gobierno pretende es aportar "claridad" a la configuración de la oferta pública y que los alumnos con necesidades educativas especiales (tanto sociales como cognitivas) estén repartidos de forma equilibrada entre ambos tipos de escuelas.

Un viejo debate

Sin embargo, la ley es muy clara al respecto. La prioridad la tiene ahora la enseñanza pública, que no cerrará aulas por falta de alumnos mientras haya plazas concertadas en la misma zona de influencia. La propia Consejería de Educación ya lo intentó años atrás cuando la Junta estaba gobernada por el PSOE. Los tribunales acabaron quitándole la razón y le obligaron a devolver las unidades concertadas. Pero entonces a este tipo de colegios los respaldaba la Lomce (la también polémica ley Wert, anterior a la actual reforma), algo que ahora no sucede.

En caso de que la Lomloe se aplicara rigurosamente, como ya avanzó Diario de Sevilla, los colegios concertados que más podrían verse amenazados son los situados en los distritos educativos de San Pablo y Santa Clara y el de Triana-Los Remedios. Un extremo que aún está por ver y que, en todo caso, se confirmará -o no- el 17 de febrero.

De cara a la escolarización, uno de los cambios más importantes de la ley Celaá es la modificación a la que ha sido sometido el decreto que entró en vigor el año pasado para regir dicho proceso, en el que a partir de ahora tener hermanos en el colegio solicitado se valorará en la baremación con 14 puntos (al igual que el domicilio familiar) y ser fruto de un parto múltiple, con un punto. Dicho cambio se ha llevado este martes al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.