Una nueva incidencia retrasa el estudio informativo de la conexión del aeropuerto de Sevilla con Santa Justa

El estudio informativo para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla ha sufrido la enésima incidencia, pese a que ya tendría que estar acabado porque lleva cuatro meses fuera del plazo de 24 meses por el que lo adjudicó el Ministerio de Transportes. Mientras tanto, el departamento de Óscar Puente sigue guardando silencio sobre este informe, necesario para encargar el proyecto constructivo, y sobre las razones por las que no se presentan sus conclusiones a la ciudad ni se somete a información pública y audiencia.

La enésima incidencia consiste en una modificación de contrato para pagar 48.000 euros más a la adjudicataria, la UTE integrada por las empresas Ardanuy SA y Geocontrol SA. Así consta en la plataforma de contratación del sector público, donde se dice que ese cambio se realizó el pasado 25 de junio. Esta cantidad económica se suma, por tanto, al precio de 690.442 euros por el que se adjudicó este estudio informativo en marzo de 2023. Su entrada en vigor empezó a contar el 6 de marzo de 2023. La baja que ofertó la UTE fue importante porque se licitó por 847.021,18 euros (IVA incluido).

El ministerio no aclara demasiado las razones de este pago extraordinario más allá de afirmar que se debe a una circunstancia imprevisible por parte de la Administración, que alega una causa "derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever" y añade que se incluye en los supuestos que prevé la legislación europea.

Fuentes del sector de la construcción consultadas por este periódico interpretan este pago a la UTE, con el contrato ya fuera de plazo, como una muestra de que el Ministerio de Transportes está dilatando la presentación de las conclusiones del estudio y tiene que compensar a las empresas por esta espera. Otras fuentes entienden que si hay una modificación es porque debe faltar algo en el estudio que no se había previsto.

Sobre el capítulo legal, el Ministerio especifica que esta modificación viene avalada por tres directivas europeas: las normativas comunitarias sobre adjudicación de contratos de concesión, sobre contratación pública y sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Los artículos que se citan sobre estas normas son el artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE. Y se afirma también que la propuesta de modificación se fundamenta en el artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen estas directivas al ordenamiento jurídico.

En la modificación aprobada se dice expresamente que no altera los plazos previstos en el contrato original que eran de 24 meses, pero la realidad es que estos expiraron el 6 de marzo de 2025. Y se agrega en Observaciones que "el Contrato modificado se regirá, en lo que se refiere a las condiciones de la prestación, por los mismos Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que sirvieron de base para la contratación primitiva".

La UTE se hizo cargo del contrato con la condición de que "no procede la revisión de precios", según lo estipula el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Las empresas debían cobrar en 2023 una cantidad de 232.795,88 euros, en 2024 una cuantía de 369.602,45 euros y 39.643,73 euros en 2025, según consta en el expediente.

La queja del Observatorio de Infraestructuras

El Observatorio de Infraestructuras de Sevilla denunció la semana pasada el retraso de esta conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de trenes. "La situación es la misma, se están incumpliendo los plazos de hacer público el estudio informativo. Europa nos va a exigir esa unión en 2030 y seguimos sin estudio informativo", protestaron en rueda de prensa el presidente de la Cámara, Francisco Herrero; la presidenta del Observatorio de Infraestructuras de Sevilla, María José Contreras; el coordinador del Observatorio, Juan Aguilera; y el responsable en infraestructuras del Observatorio, Abraham Carrascosa (ex decano de los ingenieros de caminos andaluces).

El Ministerio de Transportes aclaró en 2024, a la diputada Martina Velarde (Grupo Mixto) en pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que el estudio informativo estatal sobre la conexión del aeropuerto de Sevilla con la estación de trenes de Santa Justa requiere una Declaración de Impacto Ambiental para su aprobación definitiva. En efecto, el Estudio Informativo consta de tres fases: fase I (estudio inicial de alternativas y análisis técnico de viabilidad y ambiental), fase II (Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental) y fase III (se someterá a información pública y audiencia).