Un juez de primera instancia ordena la aportación de bienes por valor de casi 20 millones de euros a la masa hereditaria como suplementos debidos a cuatro nietos y dos bisnietos de la difunta duquesa de Medinaceli en concepto de legítimas. El titular del juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla ha estimado parcialmente la demanda presentada contra la Fundación Casa de Medinaceli y el duque de Segorbe por estos seis descendientes de María Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa. El magistrado considera que la citada señora dispuso en vida de más bienes de los que podía otorgar en testamento y que con la dotación de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli que constituyó y las donaciones que posteriormente efectuó a favor de la misma “menguó la legítima estricta que sus herederos tienen derecho a percibir”.

El juez considera en el segundo punto del fallo, eso sí, que no ha lugar a declarar consolidado el fideicomiso establecido por María Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa en la cláusula décima del testamento abierto otorgado en 2003, ratificado en 2012, a favor de los herederos ahora demandantes (Rafael Medina y Abascal, Luis Ramón Medina y Abascal, Casilda de Medina y Conradi, Victoria Francisca de Medina y Conradi, Victoria Elisabeth von Hohenlohe y Alexander Gonzalo von Hohenlohe). Por este motivo, los demandantes no obtienen la razón en una de sus pretensiones, basadas en este caso en el tercio de mejora, por lo que no logran este caso la aportación de otra serie de bienes por valor igualmente de casi 20 millones de euros, por lo que, en general, solo han conseguido en primera instancia satisfacer la mitad de sus pretensiones.

El fallo reconoce que los demandantes tienen derecho a recibir cada uno una cuota del 12,5% de la legítima de un tercio de la masa hereditaria en el caso de los cuatro primeros y un 4,17% en el caso de los dos últimos. En cuarto lugar, la sentencia declara, como se ha apuntado, que los demandantes deben ser suplementados cada uno de ellos con la suma de 4.119.095 euros en el caso de los cuatro primero citados, y de 1.373.031 euros en el caso de los dos últimos.

Del mismo ordena a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli a reintegrar a la masa hereditaria bienes suficientes para cubrir las cuotas legitimarias de los demandantes en las cuantías establecidas anteriormente.

En su día los demandantes, que sólo obtienen la mitad de sus pretensiones, declararon que “no es una cuestión de dinero, es una cuestión de honor; una cualidad que no se mide por el patrimonio atesorado”. Las pretensiones de un grupo de herederos de la difunta duquesa de Medinaceli no son “coherentes”, aseguraron cinco de los nueve herederos. Pero aunque se tratara de un asunto monetario, estos cinco herederos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, anterior duquesa de Medinaceli, consideran que están en su legítimo derecho, “como el común de los ciudadanos de este país, de velar por sus intereses y, en este caso, hacer cumplir la voluntad de su abuela y bisabuela, fallecida en 2013”.Con este argumento, la actual duquesa de Medinaceli, la duquesa de Santiesteban del Puerto, la marquesa de Solera, el duque de Feria y el hermano de éste, Luis Medina, en calidad de herederos, interpusieron demandas contra la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, “para hacer cumplir la soberana voluntad de nuestra abuela y bisabuela recogida en su testamento del año 2003, ratificado en el año 2012 y posteriormente plasmada en el cuaderno particional del año 2018, aceptado por el duque de Segorbe, y donde se establece clara y contundentemente el importe al que ascienden nuestras cuotas de legítima, cuotas éstas que la ley establece como un derecho absoluto de los descendientes”, manifestaron en su día los anteriormente citados herederos. Estas cinco personas, cuatro nietos y una bisnieta de la fallecida duquesa de Medinaceli, rechazan que su única pretensión sea la de conseguir dinero.

El juez les ha dado la razón solamente en la mitad de sus pretensiones, que habrán de ser satisfechas con bienes, siempre que la sentencia tenga carácter de firme, no con pagos en metálico.