El pederasta leguleyo

Santiago del Valle y su esposa vuelven a Sevilla por un juicio de faltas motivado por enganchar ilegalmente la luz eléctrica

El pederasta Santiago del Valle, ayer, a la salida de los juzgados tras ser condenado en un juicio de faltas.
El pederasta Santiago del Valle, ayer, a la salida de los juzgados tras ser condenado en un juicio de faltas.
J. Muñoz / Sevilla

12 de septiembre 2008 - 05:03

Esposado, con un pantalón y zapatillas deportivas, y custodiado por un fuerte dispositivo de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. De esta forma regresó ayer a los juzgados de Sevilla el pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz.

Lo hacía para responder en un juicio de faltas de un enganche ilegal de luz eléctrica, que tomó prestada de una farola en el año 2007, cuando estuvo acampado en una chabola ubicada en la ronda del Tamarguillo, frente al centro comercial de Alcampo.

El fuerte dispositivo policial que acompañó al matrimonio a su entrada y salida de los juzgados no evitó que un grupo de personas que se hallaban a la puertas de la sede judicial increpara a Del Valle, al que lanzaron gritos de "asesino" así como varios insultos. Alguien le reprochó su conducta: "Eso no se hace a una niña". Tampoco lo tuvo fácil durante su estancia en los calabozos, donde otros presos le recriminaron por la muerte de Mari Luz.

Ninguno de los insultos ni los gritos de asesino inmutaron al pederasta, que mantuvo una actitud relajada e incluso contestataria durante el juicio de faltas celebrado en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla. Dos policías locales ratificaron que el matrimonio tomó la luz de una farola de forma ilegal y el juez Carlos Mahón le dio la palabra al pederasta, que se defendió a sí mismo, sin abogado -tampoco le hacía falta-, y haciendo gala de su faceta más leguleya, puesto que el individuo se había aficionado a alquilar libros como el Código Civil y Penal durante su estancia en una localidad próxima a Sevilla.

"Cogimos la luz por estado de necesidad. Teníamos que hacer de comer y para ello necesitábamos luz", alegó Del Valle en su defensa. El pederasta explicó que ese enganche ilegal era "de dominio público" porque, según dijo, "todo el mundo sabía que teníamos enganchada la luz, aunque sólo dos o tres horas al día".

Santiago del Valle se mostró muy tranquilo en el juicio y no dudó incluso en enfrentarse al juez cuando esté le informó in voce de la condena de 270 euros que le iba a imponer a él y a su mujer por una falta de defraudación de fluido eléctrico. El pederasta se mostró disconforme con el magistrado y le pidió que si en su caso no sería aplicable "la atenuante de estado de necesidad". El juez le dijo que no era aplicable a los hechos que estaban siendo juzgados y Del Valle replicó al magistrado: "enganché la luz sólo dos o tres horas y lo hice por seguridad". A lo que el juez respondió: "Si lo hizo por seguridad, ya no es por necesidad".

En ese momento, Del Valle volvió a hablar. "50% por seguridad y 50% por necesidad", dijo el pederasta, que anunció su intención de recurrir la condena por esta falta.

La mujer del pederasta, Isabel García, que también fue condenada por permitir los abusos sexuales a la hija de ambos, coincidió en que se vieron obligados a engancharon la luz a su chabola frente Alcampo. "No estábamos haciendo daño alguno, fue por necesidad", comentó escuetamente cuando fue interrogada sobre su participación en los hechos.

La mujer de Santiago del Valle protagonizó una de las anécdotas del juicio cuando en el derecho a última palabra que se concede a todo acusado, al término de la vista oral y antes de que el magistrado procediera a dictar la sentencia, informó al mismo sobre su situación económica. "Me declaro insolvente", exclamó Isabel García. "Eso lo tendré que declarar yo a partir de ahora", respondió el juez. Al final, el magistrado impuso a cada uno de los acusados una multa de 270 euros, una cantidad inferior a los 360 euros que pidió la Fiscalía en el juicio, en el que no se personó para ejercer la acusación particular la Gerencia de Urbanismo, que precisamente había procedido a denunciar los hechos y que había cuantificado inicialmente los daños causados al erario público en unos 116 euros.

La condena impuesta al matrimonio no lleva aparejada la indemnización porque el Ayuntamiento no reclamó los daños ni éstos se pudieron acreditar finalmente en la vista oral.

stats