Los policías del tabaco, absueltos tras diez años: "¿Y ahora qué?"

"¿Y ahora qué?". Es la pregunta que se hacen los seis policías nacionales del distrito Macarena que fueron denunciados por el robo de tabaco y dinero durante una intervención en un local de la ronda de Pío XII, en mayo de 2015. Diez años después, el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de los seis agentes, que llegaron a estar suspendidos de empleo y sueldo durante tres años. Es más, durante esta década pasada, han visto sus carreras frenadas, se les han retirado condecoraciones y paralizado ascensos. Sufrieron los estragos de una condena previa, que en los tribunales nunca llegó.

Fueron juzgados por los delitos de hurto, cohecho y falsedad documental, que se les atribuyeron tras la intervención que tuvo lugar el 19 de mayo de 2015. Ese día, a estos seis agentes, que desempeñaban labores de seguridad ciudadana en el distrito Macarena, les fue encomendada la tarea de dirigirse a la tienda de alimentación Dani, donde la Jefatura tenía conocimiento de que se vendía tabaco de contrabando. Los policías intervinieron más de 300 cajetillas de tabaco de contrabando. En la tienda había 11.000 euros, una cantidad abultada para un negocio de barrio, pero que no se llegó a intervenir porque no excedía de 15.000 euros, la cifra que marca la línea del delito de contrabando. La propietaria del local, de origen rumano, fue propuesta para una sanción administrativa.

Tras esto, la dueña de la tienda denunció a los agentes, asegurando que éstos le habían sustraído 17.500 euros en metálico, así como que le había pagado 5.000 euros a uno de ellos a cambio de que no hicieran más visitas al local. La denuncia se hizo directamente a la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de la Jefatura Superior de Policía. Este grupo ejerce en Sevilla la función de Asuntos Internos. La denunciante acudió acompañada por un inspector de la Brigada de Extranjería, amigo suyo, y aportó un pendrive con las imágenes del registro.

Asuntos Internos dio plena verosimilitud al testimonio de la comerciante, tras visionar las imágenes de la tienda, e investigó a los seis agentes por los delitos de hurto, cohecho y falsedad documental. El caso recayó en el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla. "Para los policías fue muy significativo que, casi al tiempo en el que ellos tuvieron acceso a las imágenes aportadas por la dueña de la tienda en dependencias de la UCOT, y sin apenas saber que se dirigía una investigación contra ellos, éstas ya estaban siendo emitidas en todos los telediarios de ámbito nacional, así como en portales digitales y periódicos de tirada nacional y provincial, mostrando el rostro de los policías y señalándolos como delincuentes a ojos de todo el mundo", apuntan fuentes del entorno de estos agentes, que destacan que sufrieron una "vulneración flagrante de su intimidad, así como un ataque directo a su presunción de inocencia".

En los primeros meses de la investigación, el juzgado concedió a los investigadores de la UCOT la intervención telefónica de los móviles de los policías. Esto, insisten las fuentes, no reveló datos concluyentes para la investigación, si bien "los agentes de Asuntos Internos utilizaron datos obtenidos en los pinchazos, incardinados en la parcela privada de los imputados, e hicieron un uso falaz de los mismos para desacreditar su reputación a ojos de la juez instructora". A los policías también se les impuso una orden de alejamiento de los denunciantes.

Como consecuencia de ello, en agosto de 2015, la Dirección General de la Policía acordó la suspensión provisional de empleo y sueldo de los agentes, "una medida que ellos consideraron desproporcionada, ya que existían otras menos gravosas e igualmente efectivas, como la reubicación del puesto de trabajo dentro de la comisaría del distrito, o bien el cambio de destino a cualquier otra comisaría de España". Todo ello, añaden las fuentes consultadas, "habría evitado la merma económica, anímica y psicológica de los agentes, que se vieron obligados a entregar su placa y su arma reglamentaria hasta nueva orden. El entorno de estos agentes recuerda que, estando ellos suspendidos, la Guardia Civil detuvo a la denunciante y su marido en una macrooperación contra el contrabando de tabaco, "hallándoles unas desorbitadas cantidades en una nave industrial del polígono Store".

En esos primeros momentos de la investigación, los policías solicitaron al juzgado el visionado completo de las imágenes aportadas por la denunciante, ya que consideraban que estaban manipuladas. La juez concedió la extracción de las imágenes y encomendó este cometido a la Sección de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla. Tras disponer del videograbador durante meses, este departamento contestó al juzgado que se inhibían de la extracción de las imágenes argumentando que existía un conflicto de intereses, al ser los investigados agentes del mismo cuerpo. Fue entonces cuando el juzgado ofició a la Guardia Civil para que tuviera acceso al videograbador y extrajera la secuencia completa.

El instituto armado dispuso del aparato durante varios meses, pero no obtuvo las imágenes y alegó que no disponía de las capacidades necesarias para ello. Esto llevó a la juez a encargar la extracción a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De nuevo tras varios meses, este departamento dio como respuesta una negativa de acceso al videograbador. Tras casi tres años, aún no se había podido ver la secuencia completa de las cámaras de seguridad de la tienda.

Todo este tiempo, los policías seguían suspendidos de empleo y sueldo y con las medidas cautelares. "Esto provocó la destrucción total de las economías familiares de los agentes, que pidieron hipotecas y préstamos y se gastaron todos sus ahorros", lamentan las fuentes próximas a los mismos. A esto añaden el "escarnio público" al que fueron sometidos por parte de "compañeros, mandos, vecinos y personas allegadas, tanto para ellos como para sus familiares". "Se les colocó el sambenito de los delincuentes del tabaco, que se extiende incluso hasta estos días". Durante este periodo no hubo llamada alguna de la Dirección General de la Policía ni de sus áreas sanitarias, encargadas de la prevención del suicidio, "para interesarse por el estado anímico de los policías investigados, como si ya fueran culpables y hubiesen sido expulsados del cuerpo".

En el año 2018, casi tres años después de los hechos, la juez dispuso que se oficiara a la Comisaría General de la Policía Científica de la Policía Nacional la extracción de la secuencia completa de las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda. Tan sólo unas semanas después, se obtuvo como resultado un informe pericial que dio un vuelco a la investigación. En el visionado completo se observaba a una mujer guardándose fajos de billetes en el interior de su sujetador minutos después de abandonar los policías el lugar, "todo ello en un tono distendido y jocoso con la gerente del establecimiento".

El informe también apuntaba que las imágenes aportadas por la denunciante estaban editadas y que el tiempo de extracción de las mismas, realizada por un informático amigo de los regentes de la tienda, fue excesivo, "por lo que se presumía que se estaba haciendo un uso parcial de las imágenes, con un fin distinto al de perseguir la verdad de lo ocurrido la noche de autos". Esto fue clave para que los agentes fueran readmitidos al servicio, con las medidas cautelares iniciales y destinados en distintas comisarías de Sevilla, como habían solicitado en el año 2015 tras la denuncia.

A pesar del vuelco del caso, y de que la Fiscalía pidió el archivo de la causa, el juzgado de Instrucción 1 de Sevilla envió a juicio a los seis policías, que fueron enjuiciados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. "Durante el juicio, fue escandalosa para los agentes la declaración como testigo del informático amigo de los dueños de la tienda, que indicó a los tres magistrados componentes del tribunal que él mismo había proporcionado una clave a los investigadores de asuntos internos, que desbloqueaba el videograbador y permitía visionar todo el contenido sin restricciones. Esto fue justo al inicio de la investigación en 2015, con lo que se podría haber evitado todo lo que les ocurrió a los agentes posteriormente". "¿Por qué no lo hicieron?", se preguntan, y añaden que "ni el mismo jefe de asuntos internos pudo contestar de forma coherente cuando fue interpelado por ello". "A criterio de los investigados, ocultaron esta información para poder mantener la imputación y el castigo posterior que estaban sufriendo".

Los seis policías fueron absueltos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, si bien la propietaria de la tienda recurrió al Tribunal Supremo el resultado de la misma. El Alto Tribunal, diez años después, rechazó el recurso de esta mujer, lo que provocó la total y definitiva absolución de estos agentes en el orden penal. "¿Y ahora qué?", se preguntan una y otra vez. "¿Quién puede repararles los daños económicos, reputacionales y psicológicos que este periplo judicial les ha ido produciendo a lo largo de más de diez años? Sus economías siguen en fase de recuperación, devastadas por la decisión arbitraria de la Dirección General de la Policía de mantenerlos suspendidos de empleo y sueldo por casi tres años. Todos ellos siguen acudiendo a terapia psiquiátrica y psicológica, para poder hacer frente cada día del duro golpe que sufrieron con su imputación", concluyen las fuentes.