Sanz cede a las líneas rojas de Vox y pacta el Presupuesto de Sevilla para 2026

A José Luis Sanz no le ha quedado más remedio que ceder ante las líneas rojas marcadas por el partido de Santiago Abascal para poder sacar adelante el Presupuesto de la ciudad para el año que viene. Esto permite al alcalde popular no someterse a una segunda cuestión de confianza vinculada a las cuentas, lo que hubiese supuesto un fuerte desgaste para su figura, o prorrogar los presupuestos de este año. A cambio ha tenido que aceptar un control férreo de la inmigración ilegal inscrita en el padrón municipal y la eliminación de las multas por la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja. Dos asuntos de corte ideológico que van mucho más allá de las simples cuestiones de “gestión” de las que habló hace unos días el regidor sevillano.

No se trata sólo de gestión. Vox busca con este nuevo acuerdo presupuestario que en la ciudad también se perciban sus principios ideológicos, al ser el único partido en el que se apoya el PP a la hora de poner en marcha las medidas que plantea. Ya lo hizo en 2025, pero para el próximo año quiere que dicha influencia se perciba mucho más, de ahí que haya establecido esas dos condiciones básicas para el respaldo a los presupuestos aparte del respaldo a 16 de las 18 enmiendas que presentaron a las cuentas.

El partido que lidera en la ciudad Cristina Peláez ha logrado que el parque tecnológico quede libre de multas a quien circule por él incumpliendo las limitaciones actuales. No quiere cámaras de vigilancia y apuesta porque la ZBE se active sólo cuando se sobrepasen los niveles de polución en el aire permitidos por la Unión Europea. No habla de derogación, sino de acabar con las sanciones que castigan “a las clases trabajadoras”. Para Vox, las medidas adoptadas en la Cartuja desde 2024 son consecuencia del “fanatismo climático”, es decir, el cambio climático, uno de los principios globales más cuestionados por el partido que dobló el domingo sus escaños en Extremadura.

Las cuentas saldrán adelante en el Pleno, lo que evita una nueva cuestión de confianza

La otra condición aceptada por Sanz para aprobar el Presupuesto también entra de lleno en el apartado ideológico, la inmigración ilegal. Vox ha exigido “potenciar” y ser más rigurosos en los procesos de domiciliación e identificación de quienes integran el padrón. Fuentes del partido explicaron que detrás de estos empadronamientos está el intento de que la capital andaluza recupere los 700.000 habitantes, “a toda costa”, y poder desbancar a Zaragoza como la cuarta ciudad más poblada de España. “Eso no puede lograrse a través de la inmigración ilegal, de la que siempre nos hemos pronunciado en contra”, incidieron en Vox. Con tal fin, se ha negociado con los populares un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón, en un plazo máximo de 15 días.

Debe recordarse que, a principios de diciembre, el grupo municipal socialista presentó una enmienda a la totalidad de las cuentas de Sanz para 2026. Según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, el proyecto del PP “no refuerza los servicios públicos, no invierte en los barrios, no mejora la movilidad y está alineado con los postulados de la extrema derecha”.