Sevilla

La segunda muerte de María del Águila

  • Las hijas de una mujer asesinada por su marido no pueden cobrar su indemnización, pues al pagar su padre en bienes, Hacienda les exige 5.000 euros

Las hermanas Calderón Pérez, con una camiseta con la cara de su madre y unos nardos, las flores favoritas de ella. Las hermanas Calderón Pérez, con una camiseta con la cara de su madre y unos nardos, las flores favoritas de ella.

Las hermanas Calderón Pérez, con una camiseta con la cara de su madre y unos nardos, las flores favoritas de ella. / Antonio Pizarro

Las hermanas Calderón Pérez, Jenifer y Estefanía, tienen el mismo dibujo tatuado en el brazo izquierdo. Un ángel juega con una paloma y debajo se lee la palabra Mamá junto a un corazón. Representa a María del Águila Pérez Herrera, la madre de ambas, que llevaba al hijo de Jenifer a jugar con las palomas es en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra. Es el sitio donde las dos hermanas quedaron el miércoles con este periódico y donde, junto a una fuente, enseñan sus tatuajes a la cámara. "Es una forma de tenerla siempre presente", comentan estas dos jóvenes, que hoy protagonizan una lucha contra la injusticia que supone que no puedan cobrar la indemnización por el asesinato de su madre.

María del Águila murió a manos de su marido, Mario Calderón Márquez, la madrugada del 3 de junio de 2015. El asesino le asestó tres puñaladas por la espalda y luego la mató golpeándole la cabeza con la tapa de una cisterna. Fue condenado a 21 años y medio de prisión y a pagar a cada una de sus dos hijas una indemnización de 100.000 euros. La sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2017 fue ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Supremo.

Ante la insolvencia del asesino para hacer frente al pago de las indemnizaciones, se articuló la posibilidad de que entregara a las hijas los bienes de los que aún es titular, que son la mitad del domicilio familiar y de dos coches. Sin embargo, Jenifer y Estefanía no han podido percibir esos bienes, porque para hacerlo tendrían que abonar el 8% del valor de los mismos en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (IPT).

Estefanía Calderón Pérez, en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra. Estefanía Calderón Pérez, en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra.

Estefanía Calderón Pérez, en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra. / Antonio Pizarro

Eso supone un desembolso de unos 5.000 euros para dos jóvenes que apenas tienen recursos económicos. Las dos trabajan a media jornada, una es limpiadora y la otra auxiliar de enfermería especializada en la ayuda a domicilio, y perciben unos salarios de poco más de 400 euros al mes. "Si estuviera mi madre, podríamos dejarle a los niños y tener más disponibilidad para trabajar jornadas completas, pero ahora tenemos que adaptarnos a los horarios escolares".

Lo surrealista del caso es que, si hubieran cobrado la indemnización en metálico, no habrían tenido que pagar impuesto alguno. Sólo han de abonarlo si lo hacen en bienes. Jenifer y Estefanía se dirigieron a varias administraciones e instituciones, solicitando una interpretación flexible de la ley. La abogada Sandra Márquez ha sido quien ha llevado todo el proceso junto a ellas y tramitó distintos escritos.

Primero, en abril de 2019, hizo una consulta vinculante a la Gerencia provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía. La respuesta, emitida por la Consejería de Hacienda el 21 de mayo, concluía que la Junta no era competente para resolver la cuestión y remitían el caso a la Dirección General de Tributos. A su vez, la abogada planteó el caso ante la Presidencia del Gobierno el 3 de junio, coincidiendo con el cuarto aniversario del crimen. La Moncloa no se pronunció y se limitó a remitir el asunto también a la Dirección General de Tributos.

Jenifer Calderón Pérez. Jenifer Calderón Pérez.

Jenifer Calderón Pérez. / Antonio Pizarro

El 2 de septiembre, este organismo respondió manifestando que era imposible realizar una exención del pago, pero apuntando que sería conveniente que las perjudicadas se dirigieran a la Junta de Andalucía por si gozaban de algún beneficio fiscal. El 25 de septiembre, el caso volvía al punto de partida. La letrada presentaba un escrito ante la Junta solicitando alguna bonificación, que se le negó el 29 de noviembre.

Desde entonces, a las hermanas Calderón Pérez sólo les queda rebelarse contra la injusticia. Han creado un change.org para pedir una reforma legal que contemple exenciones para las víctimas de la violencia machista. "Porque nosotros también lo somos, aunque no se nos considere oficialmente como tal. Los huérfanos no contamos y no se nos reconoce como víctimas. Yo recibí una pensión de orfandad pero no porque a mi madre le pasara eso, sino porque yo tenía menos de 25 años. Hubiera cobrado la misma pensión si ella hubiera muerto en un accidente de tráfico", dice Estefanía, que tenía 21 en la fecha del asesinato. Su hermana, que tenía 26, no percibió nada. 

Por el momento han logrado reunir casi diez mil firmas a través de la plataforma de internet y casi tres mil más en papel. La abogada ha enviado un dossier explicando el caso a 61 asociaciones de víctimas de toda España. También han conseguido que el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra eleve una propuesta con este cambio legal a la Junta y al Estado. "Ni siquiera pedimos que quiten ese impuesto, sino que se contemple una excepción para un caso como el nuestro". Para ello sería necesario que la reforma legal se hiciera con carácter retroactivo, algo poco común. La abogada les ha hablado claro, cree que sus clientes tendrán que pagar. "Pero por lo menos que otras personas no pasen por lo mismo".

Los tatuajes con los que las hermanas recuerdan a su madre. Los tatuajes con los que las hermanas recuerdan a su madre.

Los tatuajes con los que las hermanas recuerdan a su madre. / Antonio Pizarro

Las hermanas quieren dejar claro que este dinero no es la herencia de su madre, por la que ya pagaron todos los impuestos. Tuvieron incluso que pedir préstamos para afrontar esos pagos. Ahora sólo quieren poder cobrar la indemnización que les corresponde. Al padre sólo se le pueden embargar 122 euros al mes, de los que se entregan 61 a cada hija. La situación es tan precaria que las chicas decidieron volver a vivir en la casa de sus padres, es decir, en el lugar del crimen. No podían afrontar sus alquileres y residen ambas en el domicilio en el que su padre mató a su madre. Con lo que ello conlleva de recuerdos. "Y de dolor. Fue como meternos en la boca del lobo, pero no podíamos hacer otra cosa. Si llega un embargo, hay que pagarlo porque nos podemos ver en la calle. No hemos cobrado nada en metálico".

"Lo peor de todo", dice Estefanía, es que ni siquiera pudieron tener acceso al dinero que había en una cuenta bancaria que sus padres compartían. Esa cuenta estaba embargada pero el asesino pudo, desde la cárcel, burlar ese bloqueo y retirar todo el dinero que había en ella para pasarlo a su peculio carcelario. "No es que hubiera una millonada, pero nos podría haber solucionado algunos de los pagos que hemos tenido que hacer. Y nosotras mientras sufriendo, pidiendo préstamos y endeudadas hasta las cejas". Las hermanas tienen otro pleito pendiente contra su padre por este asunto por alzamiento de bienes.

Estefanía, la menor, lleva la voz cantante durante la entrevista. Jenifer asiente y aporta algún comentario, pero deja que sea su hermana la que hable. Se han sentido muy solas, desamparadas y sólo arropadas por sus abogados, que son quienes les han ido orientando lo que debían de hacer en todo momento. "Si no, nos hubieran comido con papas".

La abogada Sandra Márquez, en su despacho de Alcalá de Guadaíra. La abogada Sandra Márquez, en su despacho de Alcalá de Guadaíra.

La abogada Sandra Márquez, en su despacho de Alcalá de Guadaíra. / Antonio Pizarro

Unas horas antes de la entrevista hubo un crimen machista en Aznalcóllar. Un hombre mató a su mujer y luego se suicidó, dejando huérfanas a tres personas de 4, 15 y 20 años. Los políticos reaccionaron llamando a la unidad contra la violencia de género y prometiendo más protección para las víctimas. Reacciones parecidas a las que se pronunciaron tras el asesinato de María del Águila. "Sólo el ex alcalde de Alcalá nos ayudó entonces, estuvo con nosotros en el Instituto de Medicina Legal y nos recomendó a nuestros abogados. De los demás no hemos tenido ni una simple llamada en todo este tiempo".

Se refieren a su padre con eufemismos, "el que está en la cárcel", dice Estefanía. Y el asesinato es "lo que le pasó a nuestra madre". "Es que es algo que no se puede superar nunca. Tienes que aprender a vivir con ello. Es una carga que llevas en la espalda y no puedes levantar cabeza". Y tampoco han cerrado el duelo porque quieren pasar página de una vez con toda la maraña burocrática a la que se han tenido que enfrentar. "No nos dejan levantar cabeza. Son hachazos que nos van dando". Volver a los juzgados es volver a revivir el crimen, otra vez, casi cinco años después. "Es como una segunda muerte de mi madre". Ahora sólo les queda pelear, como hizo María del Águila. "Ella fue una luchadora de campeonato. Luchó tanto por nosotras que dio su vida".

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