Una joven de Alicante es embargada tras no pagar un rescate de los bomberos por intento de suicidio

Una joven alicantina ha denunciado el embargo de sus cuentas bancarias por parte del Ayuntamiento de Alicante al no hacer frente al pago de 211 euros en concepto de la atención recibida por los bomberos tras un intento de suicidio. Este cobro, que el alcalde Luis Barcala se comprometió a suprimir el pasado año durante la campaña de las elecciones municipales, ha generado una gran controversia en la ciudad.

En abril de 2022, la joven trató de quitarse la vida en su domicilio ingiriendo medicamentos antidepresivos. Gracias a la alerta dada por una persona cercana a ella, los bomberos acudieron a su vivienda y lograron rescatarla a tiempo. Sin embargo, un año después, el consistorio le reclamó el pago de 211 euros por la intervención. Tras denunciar su situación en los medios locales, recibió una rápida respuesta del gobierno municipal, incluyendo una llamada personal del alcalde, quien anunció que se modificarían las tasas municipales para eximir del pago en casos donde la actuación de los bomberos tuviera como objetivo salvar vidas.

No obstante, un año después de lo ocurrido, la modificación aún no se ha llevado a cabo, generando una gran incertidumbre y malestar en la afectada. La joven ha expresado su "muchísima impotencia" ante la falta de información por parte del Ayuntamiento sobre la situación de su expediente. Recientemente, ha recibido una notificación no solo reclamando el importe íntegro de la factura, sino también informando del embargo de su cuenta bancaria por no haber abonado el rescate.

El compromiso incumplido del alcalde Luis Barcala

Durante la campaña de las elecciones municipales de 2023, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió públicamente a modificar las tasas municipales para eximir del pago de rescates cuando la intervención de los bomberos tuviera como finalidad salvar vidas. Este anuncio se produjo tras la denuncia de la joven afectada, que recibió una factura de 211 euros por su rescate tras un intento de suicidio.

A pesar de las declaraciones del alcalde y de la llamada personal que recibió la joven, un año después de lo ocurrido, la modificación de las tasas aún no se ha llevado a cabo. Esta situación ha generado una gran frustración y desconfianza en la afectada, quien siente que confió en las promesas del político sin obtener una solución definitiva a su problema.

El impacto emocional de la factura y el embargo

Para la joven alicantina, recibir la factura de 211 euros por su rescate supuso "volver a experimentar el mismo sufrimiento" que la llevó a intentar quitarse la vida. La incertidumbre generada por la falta de información sobre su expediente y la reciente notificación del embargo de su cuenta bancaria han agravado aún más su malestar emocional. 267,69 es la cifra final con los intereses de demora que le solicitan.

"Cuesta expresar con palabras el dolor que me ha generado hoy, es incluso mayor que el que sentí cuando recibí la primera notificación del importe de la tasa", relata la afectada. Además, siente "una culpa específica por haber confiado en aquellas declaraciones y en la llamada" que recibió del alcalde, y cree que "de haber tomado acciones legales en su momento" ahora no estaría "sufriendo las consecuencias de la cara dura de tal clase política".

La polémica de las tasas por rescates en Alicante

El caso de la joven alicantina ha puesto de manifiesto la polémica en torno a las tasas que el Ayuntamiento de Alicante cobra por los rescates realizados por los bomberos. Aunque el alcalde Luis Barcala se comprometió a modificar estas tasas para eximir del pago en casos donde se trate de salvar vidas, la realidad es que, un año después, esta promesa no se ha materializado.

Esta situación ha generado un gran debate en la ciudad sobre la ética y la justicia de cobrar por servicios de emergencia que tienen como objetivo preservar la vida de las personas. Muchos ciudadanos consideran que estos rescates deberían estar cubiertos por los impuestos que ya pagan, y que el hecho de recibir una factura tras un evento traumático como un intento de suicidio puede tener un impacto muy negativo en la salud mental de los afectados.