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La Junta pretende endosar el impuesto de sucesiones a Montoro
Consejo de Gobierno
El Gobierno andaluz argumenta que es un tributo de titularidad estatal.
Reclama al Ministerio de Hacienda que asuma su gestión y transfiera la recaudación a las comunidades autónomas.
Sevilla/La Junta de Andalucía exige al Gobierno central que asuma la gestión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y abone una compensación a las comunidades autónomas similar a su recaudación, que en el caso andaluz rondaría los 500 millones de euros anuales. "Es un impuesto de competencia estatal que fue cedido a las comunidades autónomas sin ningún tipo de armonización como sí pasó con el IRPF. Queremos que el Gobierno central lo siga gestionando", señaló el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, que indicó que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha enviado esta mañana una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que traslada esta petición.
La medida responde al "grado de demagogia en torno a este impuesto que está creando una falsa alarma social", según indicó Vázquez, que aludió a "la gran mentira del PP". "Si es tan perjudicial, el PP tuvo cuatro años para quitarlo y no lo hizo en la última reforma fiscal. Que se lo quede y deje de enredar", señaló el portavoz del Gobierno, que señaló que la decisión ha sido adoptada por el Consejo de Gobierno y no ha sido consultada con Ciudadanos, sus socios parlamentarios. "Es una decisión del Consejo de Gobierno. No ha dado tiempo de comunicarla", sostuvo.
El impuesto de Sucesiones y Donaciones forma parte del Sistema de Financiación Autonómica cuya reforma está siendo estudiada por una comisión creada tras la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero. "Como vemos que los trabajos de la comisión van muy lentos, exigimos medidas más contundentes y rápidas", agregó el portavoz de la Junta. El anuncio de la Junta se produce tras el lanzamiento de una campaña divulgativa sobre este tributo, cuya medida estrella ha sido la puesta en marcha ayer de un simulador que permite a los contribuyentes calcular su liquidación y que en sus primeras 24 horas de funcionamiento ha recibido más de 43.400 visitas.
Fiscal reitera el rechazo al proyecto de Gas Natural en Doñana
El proyecto del almacenamiento de gas que Gas Natural promueve en el entorno del parque de Doñana supone otro campo de batalla entre el Gobierno central y el autonómico. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, compareció ayer tras el Consejo de Gobierno para exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy que atienda el "clamor" contra esta iniciativa empresarial y haga una evaluación conjunta de todo el proyecto, en vez de trocearla en cuatro partes -Saladillo, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar-. "La Junta está trabajando desde el punto de vista jurídico y técnico para que este proyecto no sea realidad", aseveró Fiscal, que presentó al Consejo de Gobierno un informe sobre las actuaciones de la Junta y la documentación remitida al Ministerio de Exteriores para que se la traslade a la Comisión Europea. La Junta satisface así la petición de Bruselas dentro del procedimiento informativo abierto a España en relación con este proyecto. Fiscal recordó que el pasado mes de enero se reunió con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, donde explicó que la administración central "no ha realizado una adecuada evaluación" de sus efectos al dar el visto bueno a la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada una de las cuatro partes en las que está dividido. Por su parte, la Junta ha emitido una autorización ambiental unificada favorable para Aznalcázar y Marismas Occidental y rechazó la de Marismas Oriental. Saladillo cuenta con una autorización anterior a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental. El consejero de Medio Ambiente insistió en que la Junta exigirá su adecuación a los nuevos criterios de planificación sobre Doñana aprobados el pasado mes de agosto, que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas. Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, defendió ayer en el Senado el rigor de los informes y las declaraciones de impacto ambiental. García Rodríguez aseveró que la Comisión Europea abrió una investigación y validó todas las actuaciones realizadas.
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