La Junta prevé rehabilitar 200.000 viviendas en los próximos diez años

  • La Administración andaluza ha acometido este tipo de actuaciones en 350.000 inmuebles desde que asumiera las competencias en 1984 · Un documento de análisis del Pacto aconseja las intervenciones

El Pacto por la Vivienda que firmó el pasado jueves el presidente de la Junta, Manuel Chaves, con agentes sociales y económicos, ayuntamientos y entidades financieras no sólo prevé la construcción de 700.000 viviendas, 300.000 de ellas protegidas, para los próximos diez años. En ese horizonte, la Administración autonómica incluye la mejora de las condiciones de las viviendas existentes, lo que denomina “recuperación de la ciudad construida”.

Los programas de eliminación de infraviviendas, la rehabilitación autonómica de las viviendas individuales, la reparación de los elementos comunes de los edificios, la instalación de ascensores en bloques con más de 20 años de antigüedad y la adecuación funcional de determinados pisos a las necesidades de sus habitantes, en particular, personas mayores y con discapacidad, pertenecen al decálogo de compromisos que el presidente andaluz enumeró en la firma del Pacto.

La necesidad de acometer estas actuaciones –por lo general, previstas en los planes de vivienda y suelo desarrollados hasta la fecha–, procede de un documento de análisis sobre el Pacto por la Vivienda elaborado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA).

En el borrador del estudio se recomienda que, “en función de los estudios sociales disponibles hasta el momento, en los próximos diez años sería necesario rehabilitar unas 200.000 viviendas, a fin de dotarlas de la calidad y servicios adecuados y elevar con ello la calidad de vida de los andaluces”. 

La Junta acepta de pleno la propuesta y abordará estas actuaciones en los dos próximos planes de vivienda y suelo, con una distribución de 100.000 viviendas para cada quinquenio, según confirmaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

La ley que pretende aprobar la Junta en 2008, para su presumible entrada en vigor en 2009, aspira a ejecutar el derecho a la vivienda que, según la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía andaluz, se le reconoce a los ciudadanos españoles y andaluces. El cumplimiento de ese derecho recoge los parámetros de “dignidad” y “calidad” que deben tener los inmuebles. Por ello, además de las actuaciones comprendidas para el acceso a la vivienda de quienes ganen menos de 3.200 euros mensuales, la Junta  incorpora la rehabilitación de las viviendas que no se encuentren en condiciones óptimas de habitabilidad.    

Desde que Andalucía asumió las competencias en materia de vivienda en 1984, la Junta ha apoyado la rehabilitación de más de 350.000 viviendas hasta finales de 2006, según el diagnóstico del IESA. Casi el 40 por ciento de estas actuaciones se acometieron desde 2003.

Las líneas de actuación que aconseja el informe se sustentan en la “experiencia acumulada” durante estos años. Como primera premisa, establece la eliminación de las viviendas que no puedan considerarse dignas y adecuadas, objetivo que la Junta fecha en 2012. Añade la rehabilitación de viviendas individuales y su adecuación para personas con problemas de movilidad y la instalación de ascensores en edificios con más de 20 años y tres plantas, reparando cubiertas, aislamientos, saneamientos y suministros eléctricos, de gas o agua.

En una segunda línea, aconseja la rehabilitación integral sobre centros históricos o barrios y destaca las experiencias desarrolladas en la década de los 90 en Trinidad-Perchel, en Málaga, y La Chanca, en Almería. Pero, sobre todo, resalta la rehabilitación del centro histórico de Cádiz a partir de 1999, “antecedentes del modelo que en la actualidad se aplica a un importante número de centros históricos y barrios de Andalucía”.

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