La defensa de Zarrías acusa al PP de "intentar politizar" el juicio de los ERE

  • El ex consejero impugna la designación del juez de refuerzo Álvaro Martín y también pide expulsar del juicio el delito de asociación ilícita.

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El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que representa al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, ha acusado este miércoles al Partido Popular de “intentar politizar” el juicio de los ERE con su acusación a los 22 ex altos cargos por un delito de asociación ilícita y con la petición de que sea citada a declarar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

En la exposición de sus cuestiones previas, el letrado ha atribuido a la acusación popular que ejerce el PP un “interés extra procesal” y extra jurídico que, según ha dicho, supondría un “lastre político” con el que se “intenta politizar politizar este juicio”, de la misma manera que ha ocurrido con algunos de los “testigos propuestos” para que declaren, en alusión a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.

Sobre las cuestiones previas, Gonzalo Martínez-Fresneda se ha adherido a la impugnación realizada por la defensa del ex presidente José Antonio Griñán en relación con el nombramiento del juez de refuerzo de los ERE Álvaro Martín Gómez y ha solicitado, como ha hecho también la defensa de Magdalena Álvarez, la exclusión del delito de asociación ilícita por el que ha acusado el PP.

En relación con el nombramiento del juez de refuerzo para la instrucción de los ERE, el letrado ha coincidido en que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, porque Álvaro Martín no era “el juez ordinario” y toda su actuación es “nula de pleno derecho” desde el 27 de enero de 2016, dado que su intervención se produjo por un “peculiar acuerdo” de este magistrado con la anterior instructora, Mercedes Alaya, del 9 de enero de 2015, ha argumentado esta defensa.

El abogado de Zarrías también ha denunciado que se vulneró el “principio de igualdad de armas” por el tiempo que se concedió a las acusaciones y a las defensas para presentar sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, dado que “frente a los cuatro meses y medio” que se concedió a las acusaciones, a la defensas el juez Álvaro Martín sólo les concedió 30 días naturales, porque la instrucción “tenía que terminar sí o sí el 31 de diciembre, con lo que se generó un “perjuicio insubsanable” que vincula con el nombramiento del “juez ad hoc, que causó un perjuicio irreparable a esta defensa”, ha insistido.

Zarrías también ha pedido que se excluya el delito de asociación ilícita, porque cuando fue citado a declarar se le imputó “exclusivamente” su participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas de los ERE durante una década, pero no un delito de asociación ilícita. El letrado ha señalado que el hecho de que este delito no se incluyera en el auto de procedimiento abreviado no ha sido por un “olvido involuntario” del instructor, sino porque nunca se pensó en este delito ni se practicó ninguna prueba relacionada con el mismo durante la fase de instrucción.

Los letrados Manuel Salinero y Pedro Apalategui, que defienden a la secretaria general técnica Lourdes Medina Varo y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, respectivamente, también solicitaron que se excluya el delito de asociación ilícita del PP. Apalategui ha coincidido en que la acusación del PP es “sorpresiva” y la ha considerado como una “extravagancia jurídica notoria y relevante” que, según ha dicho, está relacionada con el debate abierto sobre la viabilidad del ejercicio de la acción popular en los tribunales de Justicia.

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