Una petición de testigos que eclipsó la trascendental cuestión previa que había planteado la Fiscalía sobre cómo delimitar el objeto del juicio. El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en el juicio del denominado procedimiento específico de los ERE, planteó este martes como cuestión previa al tribunal que cite a declarar como testigos a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Jiménez Barrios, y a la senadora del PSOE María del Mar Moreno, al entender que ambos deben prestar declaración en este juicio por el "conocimiento" que, a su juicio, han tenido de las ayudas bajo investigación.

El abogado Luis García Navarro, que ejerce la acusación popular, defendió ante el tribunal que la presidenta de la Junta debe comparecer como testigo por su "amplio conocimiento" de los hechos manifestados en sus comparecencias públicas y porque también durante su mandato como consejera de la Presidencia se aprobó el Decreto 4/2012, por el que se convalidaron las ayudas relacionadas con las prejubilaciones de los ERE.Sobre el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el letrado del PP pidió su citación como testigo por su "conocimiento directo" de las ayudas, y así se refirió a que éste ya declaró como testigo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en relación con las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera cuando era alcalde de esta localidad.

El PP también reclama que declare la ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno, actual senadora del PSOE que estuvo imputada en la causa inicialmente y declaró en el Tribunal Supremo, que la apartó del proceso al estimar que las explicaciones que aportó relativas a su desconocimiento sobre el procedimiento presuntamente ilegal que se había establecido para conocer las ayudas "resultan creíbles y asumibles por el instructor, dadas las circunstancias objetivas que concurren en su caso y el contexto político y social en que se produce su actuación en la Junta".

Algunas fuentes del caso consideraronque la petición de que declaren los máximos responsables políticos del actual Gobierno andaluz tiene pocas probabilidades de prosperar. Desde el Ejecutivo autonómico, su portavoz, Juan Carlos Blanco, pidió ayer al PP-A que deje de "hacer el ridículo" con el caso de ERE, al que según Blanco los populares se están "agarrando desesperadamente" tras haber "pinchado" en otros casos, en alusión a la sentencia absolutoria de la venta de los suelos de Mercasevilla, el archivo de la denominada "pieza política" de los cursos de formación y la investigación judicial que, no obstante, continúa abierta sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. "Ya tienen que estar muy desesperados para pedir esas tres comparecencias", aseguró el portavoz del Gobierno andaluz, que lamentó la "absoluta ausencia de alternativa" del PP-A.

Por su parte, el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A y coordinador de los servicios jurídicos, Pablo Venzal, aludió al "nerviosismo" en el Ejecutivo andaluz tras la petición de que la presidenta preste declaración en el juicio del procedimiento específico de los ERE. Venzal afirmó en un comunicado que al PP "lo único que le mueve" es la necesidad de que el juicio sirva para determinar todas las responsabilidades de este fraude, por lo que "no se entiende una reacción tan airada".

Además, consideró "razonable y oportuna" la declaración de Susana Díaz en la vista oral, para que la máxima autoridad de la Junta aporte su conocimiento del caso. "Tiene la oportunidad de colaborar con la Justicia y explicar el alcande de lo que la propia Junta ha calificado de enorme quebranto a la Hacienda Pública" de la comunidad autónoma.