Un total de 159 enmiendas vienen a corregir el original del proyecto de ley para la reordenación del sector público andaluz, conocido entre quienes se oponen a él como decretazo o funcionariazo, sin lugar a dudas el quiste que más trabajo está costando extirpar al Gobierno de José Antonio Griñán. Enfrente del modelo que propugna su gabinete para reformar a fondo la función pública en la comunidad tiene a miles de empleados de la Administración autonómica -ni más ni menos que sus trabajadores- agrupados, entre otras organizaciones, en torno a las filas de CSIF, CGT, Ustea, Safja y Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), dispuestos a no ceder ni un milímetro en su batalla por la derogación del decreto.

Para los socialistas, las enmiendas, y -obviamente- en especial las suyas -un total de 32-, dinamitan "las mentiras y la demagogia" que se han vertido contra esta normativa a lo largo de los últimos meses. El PSOE, a través de su portavoz en el Parlamento, Mario Jiménez, defendió ayer que este lavado de cara que se da al decreto es fruto del diálogo establecido con grupos políticos, sindicatos y agentes sociales.

Pero desde CSIF fue rápidamente replicado. Para esta central sindical, ese consenso es falso. No hay ni una sola propuesta surgida de su seno que haya sido acogida por los socialistas. Además, fuentes de esta formación se apresuraron a aclarar, el mismo día que expiraba el plazo de presentación de enmiendas, que "aunque, como sindicato, ni nosotros ni ningún otro tenemos facultad ni competencias para efectuar enmiendas, ya que eso corresponde a los grupos parlamentarios, digan lo que digan desde el PSOE, nosotros no hemos dicho nada ni hemos participado en nada".

CSIF censuró, en este sentido, que sólo han sido aceptadas por el grupo parlamentario del PSOE propuestas de UGT y CCOO. "Nuestro papel es dar nuestra postura y la hemos explicado por activa y por pasiva, una y mil veces, detalladamente artículo por artículo, por lo que, si no han querido incorporar absolutamente nada de nuestras sugerencias, es su decisión".

Enfrente, el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, José Caballos, criticó a los "sindicatos gremiales" por no aportar cuestiones concretas, "aunque han tenido su oportunidad". Caballos pormenorizó en cinco "vectores principales" los fundamentos de las enmiendas de su grupo, que por encima de cualquier otra cuestión vienen a clarificar que los funcionarios de carrera son la "columna vertebral" de la función pública. El PSOE insiste en que el documento garantiza los derechos laborales de todos los "servidores públicos" de Andalucía, al tiempo que aclara que "nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que se había ganado".

Un apartado destacado de las enmiendas socialistas hace mención a la selección y el acceso del personal de los entes instrumentales de la Administración autonómica, que se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La designación del personal directivo de las agencias -su creación es uno de los escollos insalvables que enfrenta al Ejecutivo con los empleados contrarios al decretazo- atenderá también a estos principios junto a otros criterios de idoneidad.

En cuanto a la negociación sindical, otro de esos vectores mencionados por Caballos recoge que se hará con las centrales "más representativas". "En el ámbito de la Mesa General de Negociación del Empleado se negociarán los estatutos, el protocolo de integración y el plan inicial de actuación", explicó el parlamenario socialista.

El grupo del PP ha presentado 42 enmiendas. Una de ellas es la derogación de los dos decretos (27 de julio y 23 de noviembre del año pasado). Los populares insisten una y otra vez en que hay que comenzar de cero "y buscar el verdadero consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos". Las 42 enmiendas del PP se reparten en 24 de supresión, 12 de adicción y 6 de modificación.

"Cúmulo y serial de despropósitos", "lo que mal empezó, mal sigue" o "hecho con los pies" fueron algunas de las valoraciones que ayer hizon el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, sobre el decreto impulsado desde la Junta. Así que su partido aboga, en esencia, por la supresión. Y empezando por la creación de ocho agencias con hincapié en la eliminación de los aspectos que permiten el ejercicio de potestades públicas a titulares de órganos directivos sin ser funcionario ni autoridad pública. El PP-A también defiende la supresión de todo aquello que busca una "deslegalización en toda regla para modificar y refundir agencias". Otra enmienda de supresión se debe a que "la modificación planteada en el régimen jurídico de las agencias de régimen especial genera confusión e indeterminación jurídica".

Además, el PP-A plantea que la designación de personal directivo al servicio de las fundaciones del sector público se haga atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de gestión en el sector público y/o privado, al tiempo que estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados.

IU es el grupo que más enmiendas ha presentado (85) proponiendo un modelo "alternativo basado en una agencia única en la que se integran todos los organismos", explicó su coordinador, Diego Valderas, quien resaltó que su formación política ha buscado la "garantía de lo público" para "frenar en seco" cualquier intento de "privatización" de la Administración". IU defiende una reducción del volumen del sector público alejado del "presidencialismo" que lo ha caracterizado hasta la fecha.