La simple aplicación de las medidas ya adoptadas por otros países -como Reino Unido y Estados Unidos- para simplificar los engorrosos trámites que lastran la actividad empresarial supondría un ahorro de casi 50.000 millones de euros, que equivale al 4,9% del Producto Interior Bruto. Esta es una de las conclusiones que expuso ayer Eduardo Gamero, catedrático de Derecho Administrativo de la UPO, en una nueva sesión del Observatorio Económico de Andalucía y bajo el título La simplificación administrativa, una asignatura pendiente. Junto a él intervino como ponente el ingeniero y empresario Ramón Iglesias, protagonista de una accidentada experiencia para crear una firma agroalimentaria que ha recorrido los medios de comunicación y las redes sociales en los últimos meses.

Para Gamero, que dirige un estudio sobre simplificación de trámites con las universidades de Huelva, Cádiz y Jaén, "queda mucho por hacer" en España respecto a un asunto del que se han ocupado en el mundo en los últimos años "gobiernos de derechas y de izquierdas". Un ejemplo: "seis acuerdos de Gobierno con Zapatero generaron un ahorro de 5.137 millones". Pero si en la administración central se ha avanzado, en la autonómica y, sobre todo, en la municipal, "la tónica general es de apatía".