ATÓNITOS por el nivel de independencia para ejercer la crítica a sus superiores que han alcanzado los funcionarios adscritos a la Junta de Andalucía, los enrolados en el Ayuntamiento de Sevilla han dado un paso al frente para señalar a los políticos como los responsables del vergonzoso desaguisado que es Mercasevilla. Quinientos técnicos municipales han suscrito un escrito de apoyo a dos compañeras de Urbanismo, imputadas junto a la quinta de Mellet en el caso de corrupción que indigna a los sevillanos. Reivindican su profesionalidad, su inocencia y las arteras maniobras de los concejales para escudarse cobardemente en los subordinados y en la burocracia de rostro invisible con tal de no asumir su responsabilidad en la toma de decisiones que ha dado pie a este cúmulo de indecencia.

Quienes manipulan, por ignorancia o por servilismo, la realidad de la movilización de los funcionarios de la Junta, hacen ver que es una acción orquestada por sindicatos y partidos contrarios al PSOE. Ocultan la evidencia de su cariz independiente, de ser impulsada y organizada por ciudadanos ajenos a esos poderes fácticos. Hasta el punto de enviar a la cola de la manifestación a los sindicatos que intentaban patrimonializarla con sus estandartes y logotipos. Más difícil lo tienen para tergiversar el gesto de los funcionarios sevillanos, cuyo texto no es un aval a Zoido.

Los prejubilados fantasma de Mercasevilla no son una tapadera para el desvío de dinero público que se le ocurra a un funcionario. Está muy cerca de la política la mano negra que urde esas trampas cuando realiza trámites de pago con una compañía de seguros. Desde la moral pública no tiene justificación posible el veto, tercero ya, de PSOE e IU en el Ayuntamiento a una comisión de investigación. Sus militantes sí lo autorizarían. Son más honestos y están hartos de verse salpicados por la porquería. Es el mismo hartazgo que lleva a los funcionarios a salir a la palestra.