El equipo de Juan Ignacio Zoido comenzó el mandato con el temor de encontrarse los cajones del Ayuntamiento llenos de papeles inesperados y, dos meses después de tomar posesión, siguen sorprendiéndose al encontrar facturas por valor de algo más de 37 millones de euros que aún no han sido revisadas por la Intervención Municipal. Se trata de la documentación que han hecho llegar al Consistorio los proveedores para reclamar el pago de obras o servicios que no constan en el expediente oficial y que aún no han sido sometidas a comprobación por parte del interventor del Ayuntamiento. Este paso es imprescindible para que se pueda iniciar un proceso de reconocimiento de crédito y, posteriormente, se lleve al pleno para su aprobación y puedan ser abonadas a los proveedores. En concreto, en esta situación hay facturas por un valor de 37.104.532,27 euros, según las fuentes municipales consultadas.

Además, el nuevo equipo de gobierno ha detectado también facturas por 15.224.873,62 euros que ya han sido revisadas por la Intervención general del Ayuntamiento, y por lo tanto están pendientes del reconocimiento de crédito. Estos débitos corresponden a obras encargadas por el gobierno anterior a dedo, esto es, sin existir ningún expediente y sin cumplir con la Ley de Haciendas Locales que recoge que, según la cuantía de los trabajos, las contrataciones deben hacerse por concurso público, procedimiento negociado con publicidad o sin publicidad. Y en ninguno de estos casos se dieron estas condiciones.

Por tanto, estas facturas por algo más de 15 millones no constaban tampoco en la Intervención y no estaban contabilizadas como deuda, puesto que no había conocimiento oficial de que esos proveedores habían realizado ya los trabajos y estaban pendientes de cobro.

A fecha de 7 de julio, según confirmaron ayer fuentes municipales, esas facturas estaban pendientes de que, en un próximo pleno, se apruebe un reconocimiento extrajudicial de crédito para poder ser abonadas. A pesar de no tener expediente y de haberse encargado a dedo, sin cumplir con la Ley, el Ayuntamiento abonará el importe porque desde la Intervención General se ha comprobado que la obra o el servicio prestado se ha realizado y, por tanto, la Administración debe pagarlo, evitando así un enriquecimiento indebido, puesto que el proveedor no es responsable de esa mala práctica, explicaron ayer desde el Ayuntamiento.

Según publicó hace unas semanas este periódico, el gobierno de coalición de PSOE e IU dejaron más de 14 millones de euros en gastos sin presupuestar. La cifra se disparó de enero a mayo ante la inminencia de las elecciones municipales. Sólo en la Gerencia de Urbanismo, las partidas tramitadas de forma irregular superan los 3,5 millones de euros.

La situación de las arcas municipales es muy negativa. El saldo negativo de la liquidación del presupuesto de 2010 está cercano a los 51 millones de euros, según confirmaron fuentes municipales.