La defensa del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha vuelto a pedir hoy la suspensión del juicio por el presunto cohecho en el Mercado Central, al alegar que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre los dos recursos de amparo que ha presentado en relación con la grabación en la que se exigía supuestamente a los empresarios de La Raza el pago de una comisión de 450.000 euros a cambio de hacerse con la gestión de una escuela de hostelería.

El abogado de Mellet, José Manuel Carrión, ha vuelto a plantear la petición de suspensión del juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo 28 de septiembre, en el transcurso de una vista pública celebrada en la Audiencia de Sevilla para decidir sobre las excusas presentadas por las personas que han sido convocadas para formar parte del jurado popular que debe enjuiciar el caso.

El letrado ha informado al presidente del tribunal, el magistrado Ángel Márquez, que ha elevado un segundo recurso de amparo ante el Constitucional por la inadmisión de la querella que presentó contra los dos empresarios de La Raza por una supuesta vulneración del derecho a la intimidad por la realización de la grabación en la que se supuestamente se les exigía el pago de la comisión.

Este segundo recurso se suma al que la misma defensa presentó precisamente solicitando la nulidad de la grabación, al estimar que se vulneraron los derechos fundamentales de Fernando Mellet, aunque tanto la juez Mercedes Alaya, que instruyó el caso, como la propia Audiencia han declarado ya la validez de la grabación como fuente de prueba.

La nueva petición de suspensión del juicio se produjo en el transcurso de una vista celebrada en la Audiencia de Sevilla para decidir sobre las excusas que han planteado una decena de personas que han sido convocadas para la selección de los nueve ciudadanos que formarán parte del jurado popular que debe enjuiciar el presunto cohecho en Mercasevilla, en el que están imputados los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, la ex directora de Proyectos de la Fundación de Mercasevilla Regla Pereira y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que se enfrentan a una petición del fiscal de una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

En la vista celebrada hoy ni el fiscal ni las demás partes se han opuesto a las excusas presentadas, entre ellas las de una mujer que alegó que no sabía leer ni escribir -causa objetiva para ser excusado-, mientras que otras personas han alegado que tenían más de 65 años, una más que alegó que estaba al cargo de un dependiente, y tres más que ya habían sido miembros de jurados anteriores. Otro candidato alegó y aportó informes médicos acreditando que tiene "pánico a formar parte de un jurado". Un joven que había solicitado que se le excusara porque tenía un puesto de trabajo desde hace ocho años y no quería perjudicar a su empresa, ha renunciado a la excusa porque ha perdido su empleo este verano "gracias a la reforma laboral", ironizó el candidato.