Un nuevo tirón de orejas por tanta permisividad. José Chamizo, anterior Defensor del Pueblo, cuestionó unos días antes de dejar el cargo la pasividad del Ayuntamiento ante los problemas de ruidos en la calle Betis. En una resolución de cuatro páginas, fechada el 12 de junio y dirigida al alcalde, Juan Ignacio Zoido, el Defensor aseguraba que hace dos años inició una actuación de oficio para conocer las licencias de apertura que se habían concedido, las licencias de instalación de terrazas de veladores y el número de expedientes sancionadores incoados anteriores a 2011; además de solicitar información sobre los acuerdos municipales adoptados en los últimos diez años sobre la declaración de la calle Betis como Zona Acústicamente Saturadas (ZAS). Chamizo lamentaba que tras este tiempo no ha obtenido las respuestas necesarias y alerta de que el ruido incontrolado en la calle trianera es "un problema de primer orden".

Dos años después de que se iniciara la queja de oficio, Chamizo denuncia que no se les ha facilitado los datos precisos para poder evaluar cuál es la situación real y las afecciones que pueden sufrir los residentes, a pesar de haber recibido dos informes del Ayuntamiento con fechas de 25 de abril y 3 de mayo de 2012: "Después de diversas gestiones no poseemos una información que nos permita evaluar, con certeza y caso por caso, la situación legal de las actividades que se desarrollan en estos inmuebles, las de sus terrazas y veladores autorizados, los expedientes sancionadores incoados y su estado de tramitación, la efectividad de las resoluciones dictadas, etcétera".

Entre las sugerencias que realiza al Ayuntamiento, pide que se elabore un informe actualizado de todos los locales y establecimientos en los que se realizan actividades de hostelería en la calle Betis, "dejando constancia de su dimensión actual, titularidad, actividades autorizadas y, en su caso, terrazas con veladores permitidos". Pide que se verifique si algunas de estas actividades se han puesto en funcionamiento -con o sin autorización- con posterioridad a que la zona en la que estén instalados haya sido declarada Zona Acústicamente Saturada. En caso de haber sido autorizados, solicita "que se verifique si la autorización ha sido debidamente concedida y la actividad se está desarrollando adecuadamente, teniendo en cuenta la especial situación de la zona como acústicamente saturada". También sugiere que se actúe de igual modo en los terrenos en los que haya mesas, sillas, veladores "o cualquier otro mobiliario en zona de dominio público". El Defensor reclama información específica de los expedientes sancionadores incoados a la terraza Puerto de Cuba, al bar Volapié Copas, al bar Lina Prada y al bar La Tertulia.

Desde la Oficina del Defensor también quieren saber la causa de que la mayoría de los expedientes iniciados desde hace años no hayan concluido con la oportuna resolución: "De hecho, de un total de 16 locales inspeccionados y sobre los que se siguen actuaciones (algunos desde el año 2005) sólo dos han concluido". Una vez elaborada esa información, solicita que se inicien las actuaciones que fueran procedentes -si ello fuera necesario- "para dotar de los medios personales y materiales adecuados a los servicios responsables de tramitar los expedientes para que puedan llevar a cabo adecuadamente su labor y, en su caso, si ello resulta procedente como consecuencia de la investigación, previos los trámites legales oportunos, se exijan las responsabilidades a que haya lugar si, por omisión injustificada, no se han realizado las actuaciones exigibles para hacer respetar la normativa ambiental".

En el escrito, Chamizo tacha la información remitida por el Consistorio a la Oficina del Defensor de "incompleta" y de "poco o nada aclaratoria" sobre los extremos más importantes que se cuestionaban. A pesar de ello, considera "evidente" que hay locales que no han presentado nunca una licencia de apertura, que algunas de las terrazas que se han instalado o ampliado, lo han hecho sin autorización y que el nivel de ruido supera con frecuencia todos los límites tolerables. "Llegados a este punto, cabe preguntarse qué está ocurriendo para que no cese esta situación escandalosa, pública y conocida en toda la ciudad; del mismo modo, cabe también preguntarse por qué locales que se encuentran desde hace tiempo en una situación de ilegalidad continúen ejerciendo su actividad sin consecuencias sancionadoras o de clase alguna. Y, ambas preguntas, nos llevan a una tercera cuestión, puesto que nos planteamos, en este sentido, si esta situación se debe a la insuficiencia de estructura y de medios personales y materiales concebida para garantizar el respeto a la normativa ambiental".

Por todo ello, el Defensor recuerda al Ayuntamiento "el deber legal que tiene de ejercer con todas sus consecuencias las competencias municipales, especialmente las relativas a la ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales". Igualmente, reclama que los procedimientos administrativos, sometidos al criterio de celeridad, "deben impulsarse de oficio en todos sus trámites (art. 74 de la Ley 30/1992), evitando retrasos y dilaciones que los hagan ineficaces y, en consecuencia, puedan poner en riesgo la sanción de conductas presuntamente irregulares, para lo cual pueden además adoptarse y, en su caso, ejecutarse, las medidas provisionales que resulten oportunas". También pide que Medio Ambiente realice las actuaciones "que sean necesarias" en coordinación con la Policía Local "para hacer respetar la normativa ambiental y las propias ordenanzas municipales".