El Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía ha propuesto expedientes sancionadores por un importe superior a 1.200.000 euros a varias entidades financieras por defectos en la información que han facilitado en la venta de participaciones preferentes, que han afectado a alrededor de 900 personas. Una vez realizadas las propuestas de sanción, el consejo de gobierno andaluz ya ha iniciado el proceso frente a estas irregularidades en el sector financiero. "El primero de los expedientes se encuentra en el tribunal Contencioso Administrativo ya que el banco ha presentado un recurso frente al mismo", explica Antonio Ballesteros, jefe del Servicio Provincial de Consumo.

La medida impulsada por la administración andaluza para castigar las irregularidades en la comercialización de productos financieros es pionera, ya que "nunca antes se había abierto expediente sancionador por defectos de información en la venta de estos productos", precisa José Manuel García, responsable de la Oficina de Vicepresidencia.

En los primeros once meses del año, el Servicio de Consumo ha incoado 454 expedientes sancionadores y ha resuelto 494. Junto a los expedientes dirigidos al sector financiero, también son frecuentes aquéllos motivados por incumplimiento de garantía de productos, por defectuosa indicación de los precios, publicidad engañosa o por no efectuar el destaraje de los envoltorios de los productos al realizar la venta de los mismos.

Las quejas frente a los bancos aparecen con fuerza en el último balance anual del Servicio Provincial de Consumo, que este año ha registrado un aumento del 11,7% en las reclamaciones. La telefonía continúa acaparando la tarta de las irregularidades a los consumidores, como suele ser habitual desde hace años, al representar el 23,8%.

En el sector de las telecomunicaciones, entre los principales motivos de las reclamaciones que aparecen este año, destacan las irregularidades en la portabilidad (6,29% de las quejas) y los abusos en los mensajes de texto a teléfonos de tarificación adicional, que han alcanzado facturas de entre 1.500 y 2.000 euros.

Al sector de la telefonía, que ha registrado 1.453 reclamaciones, le siguen el comercio en general, con 1.057 (16,7%); los servicios esenciales como agua, electricidad y gas, con 921 (14,6%) y financieros, con 631 (10%). Estos datos desvelan una media de una reclamación por cada 331 personas. Los municipios en los que se han presentado más quejas y que superan esta ratio son Tomares, que ha registrado una queja por cada 116 personas; Camas, con una por cada 156 habitantes; Gines, una por cada 154; y Gelves, que registra una reclamación por cada 146 habitantes.

En cuanto a los motivos, el descontento con la garantía de los productos aglutina el 8,45% de las reclamaciones, con 532; la disconformidad en los consumos (agua, electricidad, etcétera), el 7,64%, con 481 reclamaciones. La facturación en telefonía representa el 7,20%, con 453 quejas; las irregularidades en la portabilidad, el 4,19%, con 264; las irregularidades en operaciones bancarias, el 6,29%, con 396; y la publicidad engañosa, el 2,21%, con 139.

En la atención a estas reclamaciones, los técnicos de Consumo tienen como objetivo fundamental la mediación entre las partes para lograr un acuerdo. En este sentido, dentro de las 6.295 reclamaciones registradas este año, en 5.408 se solicitaban que se atendiera a un problema concreto. Y de estas 5.408 peticiones, hasta el mes de noviembre se han finalizado 3.913 expedientes de mediación y el Servicio Consumo ha conseguido una solución favorable para el consumidor en 987 ocasiones.