Gresca en Basilea

Desde que comenzó a funcionar en 1975, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha venido acordando un marco de normas mínimas que garanticen la solvencia de los bancos y la estabilidad financiera a nivel global. Así, los acuerdos de Basilea I, II y III se han ido trasladando -en sí mismos no son vinculantes- a los respectivos regímenes jurídicos nacionales sin mayores complicaciones. Sin embargo, con los últimos cambios que ha propuesto el Comité ha saltado la gresca: los bancos europeos -alemanes, franceses y holandeses- denuncian que las modificaciones benefician a los americanos. Sería la primera vez que las decisiones de este Comité se boicotearan. Pero, además, esta polémica, más allá de las cuestiones técnicas, deja traslucir una vez más las complejas relaciones entre lo público y la banca.

El motivo de la disputa es el cálculo del coeficiente de solvencia. Inicialmente la medición del riesgo de los activos era muy simple, un modelo estándar, a base de compartimentos estancos. Pero en un acuerdo posterior se intentó afinar su cálculo para que fuera más sensible al riesgo, permitiendo que las entidades aplicaran unos modelos internos de gran complejidad estadística, que desarrollaban ellas mismas basándose en sus experiencias históricas. La propuesta actual es una vuelta a la sencillez, restringir el uso de los modelos internos y, en todo caso, que el ahorro máximo de capital con ellos sea limitado. Por tres motivos: se duda de que estos modelos midan correctamente los riesgos; se desconfía de los bancos, de que aprovechen la complejidad para presentar una imagen de solvencia mayor de la que disfrutan realmente; y tampoco se confía en que puedan ser supervisados adecuadamente, porque son cada vez más complicados.

137.000 millones de euros serían las necesidades de capital estimadas para los bancos europeos, especialmente los alemanes, franceses y holandeses, que han utilizado en mayor medida estos modelos internos. Ante esto, se han metido en la pelea, a defender a "los suyos", los ministros de finanzas de esos países, implicando incluso a la Comisión Europea, cuyo vicepresidente, Valdis Dombrovskis, ha exigido enérgicamente que se revisen esas medidas porque, si no, la UE no dará su apoyo al acuerdo.

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, que aboga por preservar el uso de los modelos internos, pero que también acepta la posibilidad de incluir ciertas limitaciones, sin que ello derive en una estandarización excesiva, está mediando: "No nos podemos permitir un escenario de no acuerdo". Estaba previsto que se resolviera el conflicto durante este mes de enero, aunque hace unos días se publicó un comunicado señalando que se necesita más tiempo. Pero, con independencia de cómo termine, esta gresca está evidenciando -una vez más- las interrelaciones del poder político con sus bancos: la configuración actual de nuestro sistema bancario conlleva que la falta de solvencia de los bancos se convierta inmediatamente en un quebradero de cabeza para sus respectivos Estados. Ya lo dijo Mervyn King, ex gobernador del Banco de Inglaterra: "Los bancos son mundiales en su vida, pero nacionales en su muerte".