Cuando la política se vuelve urgente

Puede que sea inevitable, pero no deja de ser chocante que todas las decisiones sobre política económica que se toman por el Gobierno se hagan con carácter de urgencia mediante decretos leyes. Últimamente, con un Gobierno en minoría y sin la seguridad de que los decretos serán ratificados por el Parlamento, las justificaciones que exige la Constitución para legislar así aparecen en el Boletín Oficial del Estado con una exageración que resultaría cómica si no fuera por la importancia de lo que se trata.

En el decreto-ley de este fin de semana hay un intento de aumentar la recaudación para reducir el déficit público, tras la relajación en impuestos y gastos que hubo de cara a las elecciones de 2015, y que se ha mantenido este año. Se torna ahora urgente aumentar la base del impuesto de Sociedades quitando deducciones por pérdidas y revirtiendo otras deducibles con anterioridad, y limitando la compensación de bases negativas para grandes empresas. También es urgente mantener -ahora indefinidamente- el impuesto sobre el Patrimonio, que tanto se criticó cuando el anterior Gobierno lo restableció provisionalmente en 2011. Aumentan los impuestos sobre tabaco y alcohol, y se revisan los coeficientes de actualización de los valores catastrales, aunque los valores reales tras la crisis inmobiliaria no parecen tener ninguna urgencia en recuperarse. Se busca también aumentar la recaudación subiendo en un 3% los topes y bases máximas de la seguridad social, aunque el aumento de los máximos -que están contribuyendo más que proporcionalmente al sostenimiento del sistema- para las pensiones futuras, no es tan urgente. Y dentro de esta forma de actuar, no puede esperar ni un minuto más la subida del salario mínimo, en un 8%, porque nos hemos dado cuenta de que así lo exige "la mejora de las condiciones generales de la economía", y "acompasar la evolución de los salarios a la recuperación del empleo".

Nuestros ayuntamientos y nuestra comunidad autónoma pueden respirar, pues se permite mantener la capacidad de gasto en correspondencia con este aumento de recaudación. De cara a la Unión Europea es un gesto frente a las presiones para reducir un déficit del 4,3%, frente a la media de la zona, del 1,7%. Pero siguen dos asuntos latentes en el panorama político. Uno, de forma, es la falta de debate, y que las normas sigan el criterio y la iniciativa de unas pocas personas en un gobierno; está por ver cómo los partidos políticos valoran estas medidas, cómo encajan en sus programas y su percepción de la economía y la sociedad, y qué propuestas son capaces de articular en torno a estos y otros asuntos (un ejemplo lo tenemos en el decreto, desapercibido, del pasado sábado, sobre la delicada situación de los entes que se crearon para el rescate bancario). Y el otro tema, de fondo, más sutil pero no menos visible, es el viraje hacia el programa socialista que se observa desde hace más de un año en la política del Gobierno; no se trata sólo de medidas consensuadas, sino de algo que se ha instalado en su práctica política y que llama la atención si lo comparamos con años anteriores.