El parqué
Álvaro Romero
Alzas al calor de la Fed
Tribuna Económica
La fusión de las dos sociedades de garantía recíproca (SGR) andaluzas, Suraval y Avalunión, ha conducido a una sociedad, Garántia, con un fuerte potencial para mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de Andalucía. Se convierte en la segunda SGR española en número de socios y en la tercera en volumen de actividad, por detrás de Elkargi, la vasca, e Iberaval, la castellanoleonesa. La nueva sociedad añade solvencia a la que ya por separado tenían; aúna sus largas y diferentes experiencias en la concesión de avales; y continúa con la rigurosidad financiera con la que actuaban, patente en la cifras de fallidos durante la crisis, similares a las bancarias, a pesar del mayor riesgo asociado a la naturaleza de su negocio.
La mayor dimensión que ha adquirido, además, permitirá a Garántia aprovechar mejor las posibilidades que ofrece hoy en día la aplicación de la tecnología a las finanzas. El sistema de rating y el portal www.conavalsi.com que han desarrollado las SGR harán que ganen en eficiencia, al procesar en menor tiempo y con menores recursos un mayor número de operaciones. También, las SGR están extendiendo el aval a las nuevas alternativas de financiación que la revolución fintech está generando, trabajando con fondos cuya finalidad es invertir en préstamos a pymes y con plataformas de intermediación entre pymes e inversores. En el futuro podrán explorar otras posibilidades, como avalar emisiones de deuda en el MARF o las operaciones de crowdlending. Otra vía abierta es la de operar con el ICO directamente, prescindiendo de la intermediación bancaria.
Y este potencial puede verse amplificado si reciben apoyo de la Junta de Andalucía, socio mayoritario de Garántia, con el 38% del capital social. Todo apunta a que así será, dado el protagonismo que ha mantenido la Junta para que la fusión se consolidara. Las posibilidades son varias: podría asumir el coste que les supone al autónomo o a la pyme contar con el aval. Podría aportar recursos a Garántia. O podría establecer un reaval, responsabilizándose de parte del riesgo. Habría que analizar cuidadosamente cuál de ellas contribuye en mayor medida a resolver el fallo del mercado. En todos los casos, la Junta puede articular su política de desarrollo económico definiendo los parámetros -sector, cuantía o finalidad- que tendrían que cumplir las operaciones.
A su vez, mayor volumen de actividad conlleva recibir mayor apoyo estatal: Garántia avala, pero la Compañía Estatal de Reafianzamiento, Cersa, asume parte del riesgo, el 50% como media. Cersa, por su parte, recibe el reaval del Fondo Europeo de Inversiones. Reparto de esfuerzos en cascada para apoyar a la pyme. Pero para que esta colaboración público-privada funcione resulta imprescindible que estas sociedades -mutualistas, sin ánimo de lucro y supervisadas por el Banco de España- desarrollen su actividad con total independencia. Además, que sepan hacer valer el aval, consiguiendo en las negociaciones con las entidades financieras -bancos o fintech- las mejores condiciones, de tipo de interés y plazos, para los préstamos avalados.
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